El director general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Jorge San Miguel, sostuvo ayer que las medidas adoptadas en INTIA, entre ellas una veintena de despidos, van a «redundar en beneficios para la empresa» y son «un paso importante para el equilibrio presupuestario».

«No se va a desmantelar ningún servicio estratégico», añadió al respecto el director gerente de INTIA, Jesús María Echeverría, quien habló de «buenas expectativas» en cuanto a facturación a terceros, facturación a empresas y fuera de Nafarroa.

Echeverría acompañó a San Miguel en la comisión parlamentaria, en la que explicaron los motivos del despido de trabajadores en el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA).

En su discurso, San Miguel subrayó que los despidos, «que han sido consensuados con los trabajadores», no son una medida aislada, sino que «forman parte de una serie de acciones encaminadas a asegurar la actividad y los puestos de trabajo como la reducción de costes operativos, la unificación de estatutos, la modificación del sistema de retribución de los consejos o la homogeneización de escalas salariales».

Todas esas medidas, según San Miguel, van a redundar «en beneficios para la empresa» y pueden suponer un ahorro de 1,2 millones de euros. Asimismo añadió que otorgan una mayor viabilidad para el mantenimiento futuro de la plantilla y los servicios y dejan a la compañía en «muy buena posición» ante posibles descensos de actividad provenien- tes del nuevo marco europeo 2014-2020 y le dota de una «mayor flexibilidad».

Críticas de los partidos

En el turno de los partidos, el portavoz del PSN, Samuel Caro, incidió en la «improvisación» de las medidas adoptadas y recordó que poco antes de anunciarse los despidos los directores generales de las empresas públicas comparecieron en el Parlamento y no dijeron nada de que hubiera que adoptar estas medidas.

Las razones argumentadas para motivar el expediente tampoco convencieron a Bildu, según su portavoz, Bikendi Barea, quien rechazó los ajustes en la corporación basados en la destrucción de empleo y la privatización de empresas del sector.

Por su parte, el portavoz de Aralar-Nabai, Txentxo Jiménez, opinó que «no se puede considerar un ERE enriquecedor», tras lo que incidió en que «alguien tendrá responsabilidad» en lo que sucede en las empresas públicas y declaró no entender por qué se ha adoptado esta decisión.

Por UPN, Carlos García Adanero, destacó que lo positivo es «el acuerdo que se ha adoptado para garantizar el futuro de la empresa».