«Sin ambigüedades ni equívocos, ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas de la dictadura militar, a sus deudos y a la sociedad chilena», sostuvo el miércoles la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile en un comunicado difundido con motivo del cuarenta aniversario, el próximo 11 de setiembre, del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Salvador Allende y dio inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Los jueces reconocen que «incurrieron en acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención». Y admiten que así «el Poder Judicial claudicó en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y de proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal».

El gesto de los jueces se sumó a declaraciones de condena de las violaciones de derechos humanos y a peticiones de perdón de políticos de derecha, como el ministro de Interior, Andrés Chadwick, y el senador Hernán Larraín, partidarios de la dictadura.

El presidente de la Corte Suprema de Chile, Rubén Ballesteros, declaró que el pleno analizará esa petición de perdón e indicó que la Constitución garantiza lo que «vulgarmente se llama derecho al pataleo».

El portavoz del tribunal, Hugo Dolmestch, señaló que fue «un acierto que la Corte Suprema apoyara el golpe militar. De otro modo habría habido una dictadura absoluta». En una entrevista con CNN Chile, dijo que el Supremo cumplió su papel en ese momento, aunque no lo hiciera del modo más correcto, y pidió tener en cuenta el contexto.

El juez Dolmestch también admitió que aún se mantiene el «pacto de silencio» que siempre hubo entre autores y cómplices de la represión en la dictadura. Manifestó que mucha información relacionada con violaciones de los derechos humanos «todavía no ha sido entregada» y «hay muchas cosas que se ocultan y no se han aclarado».

El presidente chileno, Sebastián Piñera, se refirió también a la dictadura durante un encuentro con periodistas, a quienes les dijo que «el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos» y que «pudo haber hecho mucho más porque, por mandato constitucional, le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas, por ejemplo acogiendo los recursos de amparo que rechazó de forma tan masiva».

Agregó, además, que «los medios de comunicación podrían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor y profundidad y no quedarse con la versión oficial del Gobierno militar». «Toda la sociedad pudo haber hecho mucho más», zanjó.

Afirmó que «todos actuaríamos distinto y mejor» si se pudiera volver atrás. «La sociedad entera levantaría su voz con mucha más fuerza para evitar los atropellos a los derechos humanos, que fueron sistemáticos, reiterados y muy graves», mantuvo.

La familia del cantautor Víctor Jara, ejecutado el 16 de setiembre de 1973, cinco días después de la asonada, ha presentado una demanda por «asesinato» contra el exoficial del Ejército chileno que reside en Florida (EEUU) y cuya extradición solicitó Chile.