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La juez de los ERE de Andalucía imputa a los expresidentes Griñán y Chaves
La juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía imputó a los expresidentes de la Junta Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros en un auto en el que el PSOE negó que se recoja ninguna imputación.
GARA | MADRID
La juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía comunicó ayer su imputación a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Esta decisión, que eleva a 123 los imputados en el caso de los ERE, se produjo casi al mismo tiempo en el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tomaba posesión -lo que provocó revuelo en el acto- y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán. La juez Mercedes Alay acordó «comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», a las citadas personas, por su presunta colaboración para un «uso ilícito de fondos públicos».
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que no se había leído el auto pero respeta la acción de la Justicia, aunque diputados y senadores y cargos del PSOE criticaron la coincidencia de la imputación con la toma de posesión del nuevo Gobierno. La portavoz del grupo del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, negó que los expresidentes andaluces hayan sido imputados. De hecho, la juez señala en el auto la imposibilidad efectuar «un juicio formal de imputación o inculpación» sobre ellos, pero recurre a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal destinado a que los aforados puedan personarse en las causas para «comunicarles» el procedimiento judicial. Rodríguez lamentó el auto que ha generado la «imputación mediática» que afecta gravemente a las personas aludidas.
El hecho de que la juez haya comunicado su imputación a varias personas aforadas, sin remitir la causa a los tribunales superiores correspondientes, será estudiado por la Fiscalía Anticorrupción para decidir si se ajusta a Derecho, según fuentes fiscales.