El exalcalde de Bermeo, Xabier Legarreta, y el exdelegado de Urbanismo, Iñigo Imatz, cumplieron ayer a rajatabla con la línea de defensa, al responder a las preguntas que les efectuó su abogado, Adolfo Sainz, y la juez Rebeca Huertos. Defendieron que cumplieron con la legalidad, siguiendo las directrices de los técnicos, algo que cae en contradicción con algunas pruebas y testimonios.

Mientras ambos cargos públicos jeltzales trataban de justificar que su actuación en la construcción de un bloque de pisos de VPO en San Martín se ajustó a la legalidad, aduciendo que hicieron lo que les indicaron los técnicos, evitaron responder a la acusación particular que ejerce la sociedad municipal Beruala por un supuesto delito penal y societario en su gestión.

Su letrado insistió después de escuchar a Legarreta e Imatz, así como al exgerente, Josu Azaola, en que los dos primeros eran conscientes de que contravenían la ley. José Luis Soldevilla incidió en las contradicciones en las declaraciones.

La juez ha citado a declarar para el 19 de setiembre a tres testigos que pudieran esclarecer aún más el caso, a juicio de la acusación, que estima que ambos acusados podrían incurrir en nuevos delitos, además de por los que están siendo investigados.

La juez Huertos conoce en profundidad el caso, ya que fue la encargada de instruir la causa civil, en la que se obligó a la sociedad urbanística municipal de Bermeo al abono de una fianza de 3,4 millones de euros para derribar dos plantas construidas de forma irregular en San Martín.