La Comisión de Valoración que trabaja en la reparación de las víctimas de la violencia estatal -de momento en el periodo 1960-1978- ha remitido al Gobierno de Lakua y al Parlamento de Gasteiz su II Memoria de Actividad, en la que da cuenta de sus trabajos durante el presente año, analiza la evolución de las recomendaciones realizadas en su primer informe de diciembre de 2012 y ofrece nuevas aportaciones.

Entre estas recomendaciones, se incluye por primera vez la de que «la Comisión, recogiendo el sentir manifestado por la mayoría de las víctimas entrevistadas, recomienda la realización de un acto público de reconocimiento» a los afectados por la violencia estatal y parapolicial, al igual que se han realizado también actividades de reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

La posibilidad de un acto de estas características había estado sobre la mesa de los impulsores del decreto de reconocimiento a las víctimas de la violencia «de motivación política» desde su puesta en funcionamiento durante el mandato del Gobierno de Patxi López. Según declaró en público la entonces consejera de Justicia, Idoia Mendia, el tema no estaba cerrado, pero «independientemente de la celebración o no de un acto, la aprobación del decreto es un acto de reconocimiento». Sin embargo, de puertas para adentro, y en una reunión con los grupos parlamentarios de la pasada legislatura, el Ejecutivo de Lakua dijo abiertamente que «no veía» una celebración de estas características».

El acto público, de acuerdo con el actual decreto, vendría a reconocer el sufrimiento injusto de víctimas de actos de violencia de motivación política ejercida, entre 1960 y 1978 «por funcionarios» y en un «contexto de impunidad».

Pese a lo limitado de la definición (la propia Comisión de Valoración solicita una ampliación) y al periodo temporal preconstitucional (se prepara un decreto para los años posteriores) a buen seguro la realización oficial de este acto de reconocimiento volvería a generar la reacción de determinados partidos políticos que pretenden hacer la lectura de que la única violencia condenable que se ha dado en Euskal Herria durante las últimas décadas es la que ejerció ETA. De hecho, la extensión del término «víctima del terrorismo» ha hecho que hasta la fecha ninguna de las celebraciones del llamado Día de la Memoria -10 de noviembre- haya sido consensuada por todos los grupos políticos.

Trabajos de la Comisión

El decreto de reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal entró en vigor en abril de 2012. En este tiempo, se han recibido entre 110 y 120 solicitudes. Según los últimos datos oficiales oficiales, se han resuelto ya 14 expedientes y otros 30 están en estudio en la actualidad. Se está siguiendo un orden cronológico en función de la fecha de solicitud.

El 3 de diciembre de 2012, a punto de dejar Lakua, el Gobierno saliente de López entregó la documentación de reconocimiento como víctimas a los familiares de ocho personas, Angel Otaegi, Juan Paredes Manot Txiki, Antonio Fernández Elorriaga, Francisco Javier Núñez Fernández, Antxone Telleria Mendia, Segundo Urteaga Pérez de Unzueta, Francisco Javier Batarrita y Alberto Soliño Mazachs.

Los expedientes son analizados por una Comisión de Valoración que en la actualidad está formada por la directora de Derechos Humanos, Mónica Hernando, que la preside; Manuela Carmena y José Antonio Pérez, como expertos; Txema Urkijo, designado por la Dirección de Víctimas; Álvaro Gil-Robles y Carlos Martín Beristain, propuestos por la ponencia parlamentaria en la pasada legislatura; y Sabino Ormazabal, como representante de la sociedad civil. Ormazabal sustituyó en marzo en el cargo a Mónica Hernando, que tenía ese puesto en la pasada legislatura.

En su primera memoria, la Comisión realizó una serie de recomendaciones, para facilitar la presentación de documentación y permitir instrumentos de valoración más acordes a la doctrina internacional de derechos humanos. Muchos de ellos han sido recogidos en una reforma del decreto que ya está en marcha.

Incontrolados y tortura

Sin embargo, queda pendiente -como recuerdan en su nueva memoria- la petición de estudiar cómo dar cobertura a las víctimas de vulneraciones de derechos cometidas por personas que no son identificadas como agentes de las FSE pero a su vez tampoco tienen cabida dentro de la legislación de víctimas del terrorismo. Se trata de una referencia clara a los denominados «incontrolados» y que también sigue pendiente.

Además, la Comisión de Valoración anuncia en esta II Memoria que está trabajando en cómo valorar la prueba y las secuelas de las torturas. También está realizando un análisis similar con relación a las agresiones sexuales y violaciones que se han dado en este contexto de motivación política e impunidad.

La Comisión insiste también en que se redacte cuanto antes el decreto par las víctimas de 1978 hasta la actualidad.