La solidaridad con los tres jóvenes Jon Telletxea, Urtzi Martínez y Aitor Fernández, acusados de desórdenes públicos, atentado y dos delitos de lesiones en la huelga general del 29 de Marzo de 2012, fue enorme en las inmediaciones de los juzgados de la calle Buenos Aires en Bilbo.

Desde las 9.30 hasta las 15.55 horas aguantaron los representantes sindicales, de los colectivos sociales y culturales, de formaciones políticas y de asociaciones de vecinos frente a los juzgados. Hoy concluirá la vista oral con la presentación de las conclusiones de Eukene Jauregi, abogada de dos de ellos, Jon Telletxea y Urtzi Martínez, ya que ayer no dio tiempo a que lo hiciera. Será a partir de las 12:00 del mediodía, pero a las 11:30 volverán a concentrarse los solidarios, encabezados por la plataforma Grebalariak aske!

Los tres jóvenes, junto a Irantzu Yaldebere, que era menor de edad en esas fechas y se le juzgará en otra vista, se enfrentan a 14 años de cárcel cada uno, además de una sanción económica.

Dieciséis ertzainas protegidos

Por el juzgado pasaron a declarar 16 ertzainas, protegidos. Dos que resultaron heridos, que fueron los que estaban en el juzgado cuando pasó la manifestación de los huelguistas, que derivó en el altercado. Otros que iban en la manifestación, incluso uno con su hijo pequeño a hombros; otros tres camuflados en la manifestación y que grabaron con «minicámaras sin pantalla», y los que instruyeron el atestado del incidente.

Al contrario de lo que fijó el Ministerio Fiscal, al que se sumó la acusación particular en defensa de los ertzainas que resultaron heridos -números 54.639 y 54.368-, y que estableció que la acción «estuvo planificada y fue premeditada para hacer daño a los dos agentes», el abogado Kepa Manzisidor, que lleva la defensa de Aitor Fernández, rechazó de plano las acusaciones y demostró las enormes contradicciones en que incurrieron los numerosos agentes policiales que participaron en la vista como testigos protegidos.

Tachó de «nefasta» la instrucción de esta causa y denunció que «se manipularon hechos» y «se han ocultado datos» con el objeto de presentar a los jóvenes huelguistas como culpables de «algo que no han cometido y que en la vista oral no quedó acreditado». Por lo que pidió la libre absolución de su defendido y, por extensión, del resto.

Vídeos sin hora ni fecha

La fiscal sostiene que un grupo de encapuchados se acercaron a las instalaciones judiciales para echar piedras, material pirotécnico, etc. Según su relato, el altercado se produjo cuando los ertzainas que custodiaban el juzgado salieron a por los encapuchados y, tras detener a uno, varios de sus compañeros agre- dieron al ertzaina al otro lado de la calle.

Por su parte, el abogado Manzisidor advierte que con los vídeos del Palacio de Justicia de la calle Buenos Aires -que se visionaron ayer- se prueba que se conformaron dos grupos de encapuchados. El anterior, y otro que realiza pintadas junto a las instalaciones judiciales y que se marcha luego calle abajo. El letrado asegura que en ningún momento se acreditó que ni unos ni otros fueran identificados. Manzisidor destacó «que la conexión temporal desaparece en ese caso» y aseguró que la única prueba que sitúa a los tres en ese lugar se hace por tres ertzainas camuflados -54651, 54652 y 54653- que graban con las minicámaras. Sin embargo, las mismas no establecen la hora. El abogado confirma con los vídeos del Palacio de Justicia y una fotografía que aportó otro huelguista que compareció como testigo, que no coinciden los tiempos que la fiscal y los ertzainas sitúan a los encausados en un mismo lugar.

Se oculta la hora de la grabación «por interés para imputar a estas personas y se manipulan esos hechos», dijo Manzisidor. Destacó que «comparando los vídeos por la hora es imposible situar a los acusados donde dicen esos agentes». Hay diferencias de entre cuatro y seis minutos desde que sucedió la agresión a los ertzainas y donde en realidad se encontraban los encausados que fueron grabados. Manzisidor criticó también que los ertzainas visionaron los vídeos antes de realizar las diligencias ante el juzgado para «buscar coincidir».

Y, por último, dejó claro que «en todo momento los testigos protegidos relacionaban a uno de los tres con una camiseta roja, pero «no pudieron identificarle en una foto donde había más huelguistas con camisetas rojas», concluyó.

Desde la plataforma Gune se pidió la absolución de los imputados y se aseguró que esta decisión trata de «acallar la respuesta de la ciudadanía ante el malestar social que hay», explicaron dos representantes, quienes denunciaron, por otro lado, que «es un montaje policial».

El movimiento en defensa de los derechos civiles y políticos Eleak exigió ayer la libertad de los huelguistas. Contextualizó esta injusticia dentro de la «agresión general contra nuestros derechos sociales, civiles y políticos más básicos».