ELA, LAB, CCOO y USO anuncian paros y huelgas en setiembre en Bizkaibus si se recorta el servicio
GARA | BILBO
ELA, LAB, CCOO y USO anunciaron ayer paros y huelgas en setiembre y octubre en Bizkaibus para «paralizar» el proyecto de licitaciones de las cinco zonas en las que se va a dividir el transporte público por carretera propuesto por la Diputación de Bizkaia.
En concreto, han convocado paros para el 24 de setiembre y huelga para el 26, además de un día más de paro las semanas posteriores a esta fecha «hasta la paralización total del servicio entre el día 21 y 27 de octubre». Según una nota de prensa de ELA, los trabajadores de Bizkaibus van a realizar estos actos de protesta «si se hace caso omiso» a sus aportaciones planteadas al anteproyecto con el objetivo de «paralizar» el nuevo plan «impuesto en la empresa», así como para evitar «la destrucción de empleo», asegurar las condiciones de trabajo y garantizar un servicio público «de calidad» para los ciudadanos.
La central sindical denunció que la Diputación «no tiene en cuenta el valor que tiene el transporte público para la cohesión social, ni la importancia económica que tiene el servicio público como generador de actividad, las consecuencias medioambientales de un servicio deficiente o las consecuencias en el tráfico».
Por otro lado, criticó que los pliegos para las licitaciones de las cinco zonas en las que se dividirá el servicio de Bizkaibus presentados recientemente por el órgano foral «evidencian» su apuesta por «ahorrar dinero a toda costa», en «perjuicio» del servicio y las condiciones de trabajo.
ELA criticó «la prepotencia» de la institución, dado que, en su opinión, ha impuesto el proyecto sin contar «con ninguna» de las aportaciones planteadas al anteproyecto por sindicatos, agentes sociales y partidos políticos.
Con esta nueva división de zonas, según explicó el sindicato, la Diputación elimina 15 líneas urbanas e interurbanas y disminuye la frecuencia en otras, mientras que «no realiza las mejoras indispensables en las líneas que lo necesitan».
ELA señaló que con la aplicación de este proyecto «se ponen en peligro» 300 puestos de trabajo y «no se asegura» que las personas que durante los últimos 25 años han ofrecido el servicio «vayan a poder continuar haciéndolo».