La conmemoración del golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, pese a coincidentes condenas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet y a las invocaciones a la reconciliación, situó de nuevo de espaldas a quienes estuvieron enfrentados hace 40 años. En aquel oscuro periodo de la historia de Chile, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.200 siguen desaparecidos, mientras que unos 38.000 sufrieron prisión y tortura.

Según el actual presidente, el derechista Sebastián Piñera, el golpe militar fue responsabilidad de quienes no respetaron el Estado de derecho, entre los que citó al propio Allende. El lunes afirmó que su Gobierno «quebrantó la legalidad y el Estado de derecho» y ayer opinó que la ruptura de la democracia fue responsabilidad «muy especialmente» de quienes «no respetaron el Estado de derecho», aunque responsabilizó de las violaciones de derechos humanos a quienes las ordenaron y ejecutaron, y a quienes desde sus cargos no hicieron todo lo que pudieron para evitarlas.

No obstante, Piñera subrayó que «llegó el tiempo, no de olvidar, sino de superar los traumas del pasado» para traspasar a las generaciones futuras «un país reconciliado y en paz». Y a preguntarse si es más importante «lo que pasó 40 años» o lo que «juntos vamos a pasar en los próximos 40 años», refiriéndose especialmente a los cuatro expresidentes desde la llegada de la democracia: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ninguno asistió a los actos convocados por el Gobierno y los tres últimos coincidieron el lunes en otro convocado por el bloque opositor, en el que Bachelet afirmó que el golpe solo es responsabilidad de quienes lo cometieron y justificaron.

Homenajes

Fuera de La Moneda, quienes padecieron el golpe de Estado homenajearon ayer a Allende ante el monumento a su memoria situado frente a la sede del Ejecutivo y junto a la emblemática puerta de la calle Morandé número 80, en un lateral del palacio presidencial, por donde entraban y salían los presidentes y por donde fue sacado su cadáver. La Asamblea de Estudiantes Secundarios reiteró su llamada a ocupar las escuelas como un acto en memoria de los estudiantes ejecutados. Además, en una singular protesta, miles de personas se tumbaron durante 11 minutos en las aceras del centro de Santiago de Chile para conmemorar la cruenta asonada que derrocó a Allende.

Dirigentes políticos y familiares de las víctimas participaron también en actos convocados por la oposición y en visitas al Museo de la Memoria y a Villa Grimaldi, donde Bachelet exigió la búsqueda de «la verdad, la justicia, la reparación y el juramento de que `nunca más' vuelva a ocurrir». Una petición a la que se sumó Isabel Allende, hija del presidente fallecido, que aseguró que su padre «se sentiría orgulloso de ver a los estudiantes en las calles exigiendo una educación de calidad y gratuita».

El Congreso chileno, en una declaración conjunta que condenó el golpe de Estado, se comprometió a promover el diálogo y no repetir «los errores y divisiones» del pasado, y a favorecer «la construcción de consensos». La Cámara de Diputados homenajeó a tres miembros ejecutados en 1973: el comunista Vicente Atencio, el radical Luis Gastón Logos y el socialista Carlos Lorca. Los dos últimos siguen desaparecidos.

La jornada sirvió también para que organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile instaran al Estado a saldar la deuda histórica que mantiene con las víctimas de la dictadura y a avanzar en la verdad, la justicia y la reparación.