El 24 de julio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió por parte del director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) el informe «¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad». Sus cinco volúmenes y 395 páginas son fruto de seis años de investigaciones, en los que se aborda el conflicto armado entre los años 1958 y 2012. En cifras se traducen en al menos 220.000 muertos, de los cuales el 81,5% son civiles.

«Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Pocos tienen una conciencia clara del alcance de sus impactos y mecanismos de reproducción. Muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social», subraya en el prólogo el director del CNMH, Gonzalo Sánchez.

Lamenta que «a menudo, la solución se piensa en términos simplistas del todo o nada, que se traducen o bien en la pretensión totalitaria de exterminar al adversario o bien en la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en la sociedad».

Sobre el tratamiento dado a las víctimas, constata que «si bien el conflicto armado se ha cobrado millares de víctimas, representa para muchos ciudadanos un asunto ajeno a su entorno e intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. La cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud, si no de pasividad sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica».

«La guerra recae especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre los pueblos afrocolombianos e indígenas debido a sus particulares relaciones con la tierra y sus características socioculturales, se ensaña contra los opositores y disidentes y afecta de manera particular a las mujeres y a los niños», incide el informe.

«Quienes viven lejos de los campos donde se realizan las acciones de los armados ignoran que, por ejemplo, un acuerdo que pacte un cese del fuego representa para esos campesinos y campesinas la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir», añade.

«La mayoría de la gente se concentra en los capítulos relativos a las cifras y a las explicaciones históricas -los aspectos más reseñados por los medios-, pero, generalmente, los temas que se refieren a los daños, a las memorias de resistencia y estrategias de solidaridad son muy invisibles. Si a mí me hubieran dejado decidir, hubiera planteado el informe al revés; hubiera dejado las cifras para el final, no porque considere que no sean importantes sino porque lamento que la importancia de un informe se valore por los números que ponga. Vale la pena hacer sitio a todo el acervo testimonial que recoge, a los juicios que hacen las víctimas, a las interpretaciones que hacen de por qué ocurrieron los hechos, a las interpelaciones a sus victimarios, porque le hablan muy claro al país», afirma a GARA Martha Nubia, coordinadora del informe.

En el apartado cuarto, el relativo a «los impactos y daños causados por el conflicto armado», se describen «un entramado de daños e impactos sicológicos que deterioran las relaciones interpersonales y la salud física, pérdidas económicas que generan inestabilidad emocional, impactos colectivos y daños a las redes sociales y comunitarias que afectan a las capacidades individuales».

«Los testimonios revelan situaciones impactantes que dejaron huellas duraderas en las víctimas. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos; se les obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público. Fueron víctimas de amenazas, encierros, reclutamientos ilícitos y forzados a colaborar con un determinado grupo. Mujeres y niñas fueron víctimas de diversas formas de violencia sexual, agredidas en sus cuerpos y su dignidad», remarca.

Todas estas situaciones han sembrado el campo colombiano de miedo. «El mundo se tornó inseguro, y las personas se vieron obligadas a desplegar mecanismos de protección como el silencio, la desconfianza y el aislamiento. Esto modificó sustancialmente las relaciones comunitarias y familiares».

Entre 1985 y 2012, cada hora fueron desplazadas 26 personas, y cada doce horas fue secuestrada una persona. Según este informe, «el periodo 1996-2005 fue el más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas y un civil o un militar cayeron cada día en una mina antipersonal. Y por cada masacre de los grupos guerrilleros, los paramilitares efectuaron tres. Estos últimos estructuraron un repertorio de violencia basado en las desapariciones, las torturas, los asesinatos selectivos, las amenazas, los bloqueos económicos, la violencia sexual». Ello con la connivencia de «alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos», que se sirvieron del apoyo de los paramilitares para ganar las elecciones o afianzar su poder.

«Tantos años de guerra demandan muchos esfuerzos y compromisos para hacer de nuestra historia una fuente de aprendizaje que nos permita transformar lo que hemos sido y nos comprometa en la tarea de reclamar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esclarecer y arrancar del silencio y del olvido las terribles violaciones de derechos humanos es un reto que seguramente comprometerá la labor decidida de varias generaciones de colombianos. Estamos en tiempos de memoria, pero la construcción apenas comienza», concluye Nubia.