Hace ya más de una año que el Gobierno de España presentó su primer borrador para la reforma de la administración local. Desde entonces, y aunque muchas voces desde diferentes ámbitos han mostrado su opinión, generalmente contraria, sobre el tema, no se ha producido un debate social, a pesar de que se está pretendiendo una modificación sustancial de la administración más cercana a los ciudadanos: las entidades locales.

Es cierto que durante este año largo que ha pasado desde la presentación del primer proyecto el Gobierno de España ha mantenido reuniones con la Federación Española de Municipios, ha solicitado la obligatoria opinión de las Comunidades Autónomas y el preceptivo informe del Consejo de Estado. En lo que conozco, no ha recibido ninguna opinión ni informe favorable. La FEM se ha opuesto a este proyecto de ley por el menoscabo hacia la autonomía municipal que supone, entre otras muchas razones. Las comunidades autónomas han criticado la recentralización que pretende. El Consejo de Estado, además de hacer un informe demoledor sobre la misma, alerta de una posible inconstitucionalidad de este proyecto de ley. Además, las Entidades Locales Menores del Estado han hecho patente su profundo rechazo por su más que posible desaparición.

Sin embargo, el Consejo de Ministros el 28 de julio de 2013 aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales y actualmente está en trámite parlamentario de enmiendas hasta el día 24 de setiembre.

La reforma del artículo 135 de la Constitución española de setiembre de 2011 recoge el principio de estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas, y con esta excusa el Gobierno propone una reforma que va mucho más allá de ese principio y que propicia un desmantelamiento controlado, cuando no la desaparición directa, de las Entidades Locales Menores, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y el deterioro de servicios que va a provocar.

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en base a la Ley de Territorios Históricos, las competencias exclusivas sobre la administración local están en manos de las Diputaciones Forales, y así los Concejos del Territorio Histórico de Araba cuentan con un régimen de autonomía y un carácter territorial propio, recogido en la Norma Foral de Concejos aprobada por sus Juntas Generales en el año 1995, que regula además su funcionamiento, financiación, creación y desaparición.

De esta forma, los concejos alaveses mantienen una independencia tanto administrativa como financiera del municipio en el que están incardinados, conservando una administración milenaria con un arraigo incuestionable entre su población y de una importancia vital para el mantenimiento de los núcleos rurales alaveses, ya que además de servir de cauce para la participación vecinal directa, se encargan de la administración y cuidado de sus propiedades (80% del monte público, 70% de inmuebles públicos), de la prestación de los servicios esenciales de sus vecinos (abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, centro social, cementerio...), además de realizar las obras y proyectos necesarios para su mantenimiento. Todo esto resaltando que estas administraciones no suponen ningún gasto para el erario público, ya que sus cargos electos desempeñan su labor con absoluta gratuidad por ley.

El Concejo alavés ha ido superando todas las vicisitudes que en su larga historia se han ido presentando, manteniendo siempre su categoría de Entidad Local, fiel a su funcionamiento de concejo abierto en el que la asamblea de vecinos tiene el gobierno de la institución. Ni las amortizaciones ni las constituciones uniformizadoras han conseguido su desaparición, ya que siempre han conseguido que se respete su historia y Régimen Foral propio.

Sin embargo, si este proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Madrid y de directa aplicación en todo el Estado se aprueba en los términos actuales, pone en peligro la continuidad de los concejos alaveses, en la medida que equipara las Entidades Locales Menores de Araba, que se rigen por el Régimen Foral, con las Entidades Locales Menores del Estado, que se rigen por el Régimen General.

Ante este intento uniformizador y recentralizante, nuestras instituciones forales tienen el deber de defender a los concejos alaveses que bajo su tutela y al amparo del Régimen Foral tan ímproba labor han realizado en la gestión y cuidado de nuestros pueblos, así como en el mantenimiento de su población. De esta forma, esperamos que la Diputación Foral de Araba mantenga sus potestades y competencias en materia de Régimen Local para que la continuidad de los concejos alaveses no dependa del Gobierno central.