Un informe de la PAH denuncia que el alquiler de VPO en Nafarroa «se ha convertido en una pesadilla, cuando no en una estafa masiva». Al igual que ha ocurrido con la VPO de venta, «los precios desproporcionados de VPO de alquiler están dejando fuera en el peor momento al segmento social que más necesita optar a ella», destaca la plataforma.

En ese sentido, la PAH señala que, «mientras que el valor del alquiler libre se ha ido reduciendo en los últimos años conforme a la situación del mercado inmobiliario», el de VPO de alquiler «se ha incrementado con el IPC, con lo que la vivienda protegida es como promedio 100 euros más cara que la vivienda libre». Además, critica , el Gobierno foral «en ningún momento ha velado por que dichos precios se armonizasen en función de la oferta ni mucho menos conforme a la situación social actual ni a las posibilidades reales de los arrendatarios» y «ha mirado para otro lado» ante esta situación.

Ocultación de «datos básicos»

La PAH de Eguesibar mantiene que «se oculta sistemáticamente la información más básica a los consumidores», como las facturas de suministro, el presupuesto y balance de la administración de la comunidad, la cuota de participación que tiene cada vivienda en los gastos comunes o el gasto que suponen los servicios contratados.

A esto se une que el Ejecutivo «se niega a realizar revisiones de oficio para adecuar las subvenciones a la situación actual». Esos gastos «desorbitados y sin justificar» han supuesto "la puntilla para numerosas familias que viven situaciones de precariedad económica, y deben destinar en ocasiones el 100% de sus ingresos al pago de alquiler y los gastos de comunidad, importes fijos de calefacción -aún cuando no la usen- y derramas que se les giran».

Ante estas situaciones, la PAH plantea una bajada de precio del módulo de VPO y control de gastos que las promotoras repercuten en los arrendatarios; revisiones de oficio de la situación económica real actual del inquilino y no con datos de años anteriores; y desarrollo de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes en materia de vivienda. También propone la creación de una comisión mixta de trabajo formada por Ejecutivo navarro, la PAH, promotoras y personas afectadas.