Las tarifas de los servicios básicos prestados por las administraciones públicas como el transporte, la telefonía o el agua no se actualizarán con el IPC a partir del año que viene en virtud de la ley de desindexación que el Gobierno español espera aprobar antes de que acabe 2013 para que entre en vigor el mismo 1 de enero de 2014.

Según el Ejecutivo de Rajoy, el objetivo de esta ley, cuyo anteproyecto se aprobará previsiblemente en el consejo de ministros del próximo viernes, es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios para «contribuir a la estabilidad de precios y a la moderación que se aplica en otros ámbitos de la economía».

Así, la futura norma acompañará a otras iniciativas como el acuerdo de moderación salarial firmado por CEOE, UGT y CCOO hasta 2014 y la desvinculación de las pensiones del IPC. La norma derogaría cualquier vinculación directa en los precios y servicios regulados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el próximo 1 de enero.

Negociación salarial exenta

La norma no afectaría a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y los precios de los contratos públicos.

Hasta ahora, los precios de estos servicios básicos se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta del Ejecutivo español analizará las subidas de precios teniendo en cuenta solo los costes que supone la prestación de dichos servicios.