ELA exige terminar ya con el «esclavismo» en la obra pública
ELA presentó ayer un informe que concluye con la necesidad de terminar con el «esclavismo» en las obras públicas para dar ejemplo. Para ello, la central cree que es necesario que la licitación de las obras no tenga como criterio único las obras más baratas, sino las condiciones de respeto a la legislación laboral en condiciones de trabajo y salario. Exige cláusulas adecuadas y sanciones ejemplares.
Juanjo BASTERRA | BILBO
ELA denunció ayer en Bilbo el «esclavismo avalado por las instituciones en la obra pública» y reclamó a las administraciones que se comprometan a introducir en todos los pliegos de condiciones de las adjudicaciones cláusulas que garanticen los convenios territoriales sin aplicación de la reforma laboral en todas las obras, incluidas las subcontratas.
Dejó a un lado a la Diputación de Gipuzkoa, porque ha aprobado una normativa específica, aunque la central sindical le pidió un seguimiento y control más preciso de las obras para evitar que los empresarios se salten la normativa «puntera». Desde 2010 a lo que llevamos de este año, «han fallecido por accidente laboral 40 personas en esas obras. Siete de ellas lo han sido en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV)».
Penalizaciones ejemplares
Luis Fernández, responsable de ELA del sector, añadió cuatro medidas: cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; establecimiento de «penalizaciones ejemplares» a las empresas incumplidoras; seguimiento de las empresas para conocer el cumplimiento; y «adjudicar las obras públicas con criterios que potencien la calidad y las condiciones sociales y de trabajo, lo contrario de lo que se hace en la actualidad, que solo se fija en criterios estrictamente económicos. Ahí está la raíz del problema», destacó.
Fernández estuvo acompañado por los responsables del sector en Bizkaia, Joxean Martín, en Araba, Roberto Segado, y el de Gipuzkoa, Igor San José, que ha mantenido un control estricto en las obras públicas.
Los cuatro pusieron cuatro ejemplos claros de dónde se están vulnerando todos estos derechos: las obras del campo de fútbol de San Mames Barria; el edificio Tabacalera, de Donostia, la Estación de Autobuses de Gasteiz y las obras del TAV, en donde la actividad de vigilancia de Igor San José ha propiciado diferentes actuaciones de los juzgados y de la Inspección de Trabajo, pese a que, como se quejó ayer, «el oscurantismo es total en esa obra».
Los representantes de ELA sostienen que «se ha extendido una lacra, que ya existía anteriormente a la crisis, como es la no aplicación de la legalidad más elemental ni de los convenios».
Jornadas interminables
Afirmaron que se pagan salarios entre 5 y 7 horas trabajadas, donde se incluyen todos los prorrateos de pagas y vacaciones. «Realizan jornadas interminables. No hay medidas de seguridad laboral y los ritmos de trabajo son extremos. Los casi 237.000 desempleados que tenemos en nuestro país son utilizados por las empresas como chantaje continuo bajo el mandato de `o haces lo que yo te diga o no vuelvas mañana'», denunciaron.
Esta realidad se produce en el conjunto del sector de la Construcción, pero ELA remarcó que «es más grave si se produce en obras que están pagadas con dinero público. La explotación y la falta de medidas de protección cobran un mayor alcance».
A juicio de Fernández, «en las obras públicas pasamos de la desidia a la irresponsabilidad de las instituciones que adjudican las obras. La situación es grave, y con resultados de esclavitud extrema que, en demasiados casos, acaban incluso con la muerte de trabajadores».
La central criticó que las adjudicaciones se realizan por «criterios mercantilistas» y, al final, pagan entre un 20% y un 50% menos de la licitación «sabiendo que ahí empieza la explotación de los trabajadores».
La explotación laboral en las obras como San Mamés Barria, donde ha habido cuatro accidentes graves, se extienden a las del edificio Tabacalera, la Estación de Autobuses y el Tren de Alta Velocidad (TAV). Desde 2010 a lo que llevamos de 2013 han fallecido 40 personas en la Construcción, de ellas 7 en la obras del TAV.
La central sindical destacó que tras varios meses de debate en Gipuzkoa, el pasado 9 de julio, se aprobó una norma foral con los votos favorables de EH Bildu, Aralar y PSE «que recoge muchas de nuestras peticiones».
Rafael Fernández Gallego, de 68 años, falleció ayer de madrugada por un mesotelioma pleural contraído por haber trabajado en Altos Hornos en contacto con el amianto.
Con esta muerte, suman ya este año diez fallecidos a consecuencia del mineral cancerígeno. De esta manera, los muertos desde 2008 suman 116, según los datos que maneja la Asociación de Víctimas del Amianto (Asviamie).
La utilización del amianto fue extendida desde mediados de los años 60 hasta los años 80, cuando las empresas importaron más de dos millones de toneladas en ese periodo de tiempo. La realidad indica que el mineral se utilizó y está todavía en muchas empresas. Se calcula que hasta el año 2025 podrían fallecer un total de 8.000 personas en Hego Euskal Herria.
Uno de los problemas con que la asociación de víctimas se encuentra es la ocultación de datos concretos sobre la incidencia del amianto entre los trabajadores, pero también entre sus familiares cercanos, dado que los estudios científicos confirman que la inhalación de unas pocas fibras puede ser contagiada. J.B.
