El diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, anunció ayer en su comparecencia en las Juntas Generales que el expediente de investigación abierto contra Incoesa el 5 de setiembre, más de dos meses después de la iniciativa que se aprobó en pleno en la Casa de Juntas de Gernika, para determinar si la empresa Incoesa ha incurrido en deslocalización de su actividad al desmantelar la planta de Bedia, «continúa en su fase de instrucción».

Pradales pidió a las partes en conflicto que soliciten «la intermediación del Gobierno vasco», porque se mostró convencido de que «puede haber vías de solución» para mantener la actividad y los puestos de trabajo.

La plantilla de Incoesa se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 27 de mayo como rechazo al traslado a Soria y Cáceres. El PP y EH Bildu solicitaron la comparecencia urgente del diputado para explicar la situación.

Pradales insistió en varias ocasiones en que «no nos va a temblar la mano» a la hora de aplicar «hasta sus últimas consecuencias» la Norma Foral aprobada en 2007 contra la deslocalización de las empresas que reciben ayudas o subvenciones públicas, pero Diputación lleva un mes ya con el expediente abierto sin dar solución, mientras que los trabajadores desesperan porque llevan en huelga 130 días y no atisban solución alguna, salvo «haber sido apaleados por la Ertzaintza por defender la empresa que hemos levantado nosotros y la producción que habíamos elaborado». El diputado foral dijo que pueden pasar otros dos meses para resolver el caso.

Hay 190.000 euros en ayudas de la Diputación, pero más de 600.000 euros por parte del Ejecutivo de Gasteiz, además de los intereses de demora. La Institución foral podría imposibilitar también que esta empresa y sus socios locales reciban ayudas forales durante los próximos ocho años.

EH Bildu lamentó el incumplimiento de la Diputación en base a la Declaración Institucional aprobada el 24 de junio en un pleno de Juntas Generales, en la que se instaba al Ejecutivo foral a revisar las ayudas o subvenciones que se mantuvieran con la empresa «ante la amenaza de deslocalización y destrucción de empleo», prevista. Además de destacar que la tramitación del expediente «llega tarde».