El expresidente del PP en Castellón Carlos Fabra se sentó ayer en el banquillo de los acusados por «tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal», cometidos presuntamente durante los años en los que estuvo al frente de la Diputación levantina, según la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal pide entre 15 y 20 años de prisión para Fabra, que lleva siendo investigado por varios delitos relacionados con la corrupción desde 2003, tras numerosos recursos y cambios de jueces.

Finalmente fue el magistrado de la localidad castellonense de Nules Jacobo Pin quien dictó en marzo la apertura de juicio oral contra el político y empresario, que presidió la Diputación entre 1995 y 2011.

Figura omnipresente en la política valenciana del último cuarto de siglo, está acusado de haber aceptado dinero del empresario Vicente Vilar a cambio de intervenir ante las autoridades centrales en Madrid para que autorizasen la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios de su compañía, Naranjax.

Según la acusación, Fabra contactó entre 1999 y 2002 con responsables de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y de las Cortes Generales y tras la aprobación de uno de los productos se constituyó una sociedad cuyo capital estaba distribuido al 50% entre las esposas de Fabra y Vilar y que tenía en exclusividad la distribución del fitosanitario.

El Juzgado decretó hace más de un año la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros, pero el político del PP apeló la imputación por «cohecho» ante la Audiencia de Castellón, que lo desestimó.

El Tribunal Supremo, sin embargo, decidió en febrero devolver el caso al juez para que volviera a dictar el auto contra quienes estimase oportuno.

Contra Vilar y su esposa pesa el cargo de «cohecho», mientras que a la esposa de Fabra, se la acusa de delitos contra la Hacienda Pública.

La defensa de Fabra, en las consideraciones previas, pidió la prescripción de los delitos fiscales, cometidos presuntamente por él y su exesposa.

Además, solicitó que los técnicos inspectores de Hacienda que elaboraron los informes para documentar el caso sobre la información fiscal de los acusados no puedan actuar como peritos, al estimar que su imparcialidad «está contaminada» por tener la doble condición de «perito y denunciante».

El abogado de Fabra negó en su calificación los hechos y que este «se valiera su cargo de presidente de la Diputación para interceder ante ministerios y agilizar la tramitación de productos fitosanitarios». Sostuvo que solo existía el interés de Fabra «por lo que afectara a la provincia de Castellón, cualquiera que fuera su naturaleza».

La audiencia de hoy continuará con la declaración de los acusados. Ayer, Fabra, que llegó a los Juzgados acompañado del que fuera su asesor cuando era presidente de la Diputación, Manuel Vives, y de un guardaespaldas, evitó a los medios.