La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Ejecutivo autonómico, Arantza Tapia, anunció esta iniciativa con motivo de la reunión que mantuvo ayer en Bilbo con el observatorio de la industria, en el que participan empresarios y cámaras de comercio.

Las grandes empresas ya tienen sus asesores, y de lo que se trata es de que las pymes puedan llamar al EVE, como ente público, y analizar la factura para que los costes energéticos sean algo menores. En este sentido, el Gobierno de Gasteiz se reunió con las empresas para estudiar medidas que minimicen el impacto de la subida de precios de la energía eléctrica, cuya factura se puede incrementar por encima del 20% para un 60% de las industrias.

La cita vino motivada porque Lakua ha recibido una «avalancha» de llamadas de empresas preocupadas por el fuerte alza del coste de la luz tras la última revisión de las tarifas que entró en vigor el pasado 3 de agosto. Según un primer estudio del Ejecutivo entre 250 pymes, el 87% de la empresas ha sufrido un incremento de la factura superior a la media del 7,5 % que el Ministerio de Industria dijo que supondría la subida de agosto.

Siderurgia y cementeras

El incremento de los costes es aún mayor en dos de los sectores más importantes de la industria, grandes consumidores de energía, la siderurgia y las cementeras. Por eso, los industriales lanzaron la alerta, al ser la energía el segundo coste en importancia tras el de personal.

Tapia ya se reunió la semana pasada con el ministro español de Industria, José Manuel Soria, para trasladarle esta preocupación, aunque reconoció que se trata de una legislación estatal en la que la CAV no tiene competencias. El Ejecutivo autonómico trata influir en la regulación que haga el Estado para que sea lo menos lesiva posible para las empresas vascas, en cuestiones como la interrumpibilidad (se puede bajar la demanda unas horas obligando a la empresas a reducir su consumo), o la tensión a la que trabajan. Otra medida que se citó ayer en la reunión con los empresarios fue la posibilidad de aplicar exenciones fiscales a las industrias prioritarias, como según la consejera se hace en el Estado francés o Alemania.

Dado que la CAV sí tiene competencias fiscales, la consejera explicó que van a hacer «un análisis de hasta qué punto» pueden «adoptar alguna medida. Aunque queremos ser muy cautos», afirmó.