MACRORREDADA CONTRA HERRIRA
Sindicatos y sociedad civil dan pasos adelante contra la redada
Además de la marcha de Bilbo el sábado, la mayoría sindical convoca mañana concentraciones en centros de trabajo y plazas, y representantes de la cultura, el deporte y otros ámbitos sociales promueven Irekialdia, una iniciativa pueblo a pueblo, también mañana, aunque por la tarde
Alberto PRADILLA | MADRID
Actos públicos como ruedas de prensa, presentaciones, contactos con otros agentes o manifestaciones como la celebrada el pasado 12 de enero en Bilbo constituyen la principal prueba de cargo contra los 18 ciudadanos vascos arrestados el lunes en la operación de la Guardia Civil contra Herrira. Así se desprende de las primeras informaciones que han trascendido del procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que el martes levantó el secreto de sumario. La línea desarrollada por el instituto armado sigue la lógica de la década de las ilegalizaciones, caracterizada por el «todo es ETA». De este modo, los uniformados establecen una línea de sucesión entre Herrira y las desaparecidas Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, que consideran «integración» en la organización armada. A partir de ahí, cualquier acto público o reunión se utiliza para reforzar esta tesis, que termina por considerar como indicio cualquier iniciativa desarrollada por Herrira a favor de los derechos de los presos. Por el momento solo se conocen las acusaciones genéricas de «integración», «enaltecimiento» y «financiación», pero no las imputaciones individuales a cada uno de los arrestados. Hoy, a partir de las 9.30 horas de la mañana, estos pasarán por el despacho del magistrado para declarar, por lo que podrán conocerse más detalles.
Lo que sí se desprende del sumario instruido por Velasco es la solicitud expresa realizada por el fiscal Miguel Ángel Carballo para decretar la suspensión de actividades de Herrira. Por el momento, las defensas no tienen notificación oficial de esta petición. Sin embargo, tal y como ya señaló GARA ayer, la resolución judicial fijada en el precinto de la sede clausurada en Hernani ya avanzaba que la Audiencia Nacional podría adoptar esta medida por un período de dos años.
Doce tomos y poco tiempo
Después de que el juez Velasco levantase el secreto de sumario el martes, los abogados pudieron tener acceso ayer a los doce tomos de los que consta la instrucción. No obstante, la defensa denunció el escaso tiempo del que dispuso para estudiar una documentación tan voluminosa. Especialmente, si se tiene en cuenta que hoy tendrán que asistir a los detenidos en su declaración judicial.
Hasta el momento, lo único que se conocía acerca de las acusaciones que precipitaron la operación era lo filtrado por la prensa española. Por ejemplo, la agencia Europa Press aseguraba el martes, citando «fuentes de la lucha antiterrorista», que la Guardia Civil había hallado 70.000 euros en las sedes de Bilbo, Hernani, Gasteiz e Iruñea. Un dinero que, según estas fuentes, se utilizaría para financiar manifestaciones, campañas, actos y videos, entre otras actividades a favor de los derechos de los presos. Se trata de una deducción lógica si se tiene en cuenta que estas son actividades que Herrira ha venido realizando de forma pública desde su presentación, formalizada en febrero de 2012 en Donostia.
Otras de las iniciativas del colectivo de defensa de los derechos de los presos mencionadas por las agencias españolas eran la campaña desarrollada para exigir la libertad de Josu Uribetxebarria, aquejado de una grave enfermedad, o la marcha desarrollada tras la muerte en la cárcel de Xabier López Peña que se celebró bajo el lema «Nunca más. No a las medidas de excepción. Derechos Humanos. Resolución. Paz», Cabe recordar que ninguno de estos actos fue prohibido en su día, pese a los reiterados intentos de los colectivos de víctimas vinculados a la derecha española.
La lógica de los doce tomos, basados en informes de la Guardia Civil, no es distinta de la desarrollada en otras operaciones contra colectivos o agrupaciones políticas. Se establece la tesis de que Herrira sería «sucesora» de Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna y, a partir de ahí, se interpretan sus actividades públicas para cuadrarlas dentro de la línea mantenida por el instituto armado, que es la que inició esta operación. Según ha podido saber GARA, algunos de los argumentos son la organización de autobuses para actos multitudinarios como la marcha celebrada en Bilbo el pasado 12 de enero. Una manifestación anunciada y publicitada durante meses, que incluso recibió el aval expreso de la Audiencia Nacional española, que rechazó la petición para prohibirla realizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Según citaban las agencias españolas, se contabilizan hasta 112 actos que la Guardia Civil considera de «enaltecimiento» de la actividad de ETA. Un concepto sobre el que ni siquiera los jueces de la Audiencia Nacional española se han puesto de acuerdo a la hora de delimitar. Por el momento, las acusaciones son genéricas hacia Herrira y apenas se especifican imputaciones individuales contra los 18 detenidos. Hoy, cuando pasen a disposición del juez Velasco, podría haber más información.
Ante el juez a las 9.30 horas
Está previsto que las declaraciones ante el magistrado comiencen a partir de las 9.30 horas en la Audiencia Nacional. En ellas, los 18 detenidos podrán ser asistidos también por sus abogados de confianza, ya que los arrestos se produjeron en régimen comunicado. Ayer, a primera hora de la mañana, los nueve detenidos que todavía no habían sido interrogados por la Guardia Civil también se negaron a declarar. De este modo, al igual que el martes por la noche hicieron sus compañeros, Amaia Esnal, Eneko Ibarguren, Ekain Zubizarreta, Joxe Manuel Ugartemendia, Roberto Noval, Beñat Zarrabeitia, Ibon Meñika, José Antonio Fernández y Oscar Sánchez rechazaron prestar declaración en la comisaría del instituto armado de Tres Cantos, en Madrid. Todos ellos refirieron haber recibido un trato «correcto» y no sufrir interrogatorios ilegales o presiones durante su estancia en manos de los uniformados. Este extremo no pasó inadvertido por las redes sociales, donde se sucedieron los comentarios que recordaban el incremento de las autoinculpaciones y denuncias de tortura cuando los detenidos son incomunicados. En este sentido, Ane Ituiño, una de las abogadas, recordó la importancia de la presión social para prevenir los casos de tortura. Por el momento, lo que queda en evidencia es que la lógica de la persecución política no ha desaparecido en sectores del Estado.
La resolución judicial que establece el precinto de la clausurada sede de Herrira en Hernani avanza que la Audiencia Nacional española puede decretar la suspensión de actividades del movimiento en defensa de los derechos de los presos.
Entre las imputaciones de la Guardia Civil contra Herrira se incluyen actividades como la organización de autobuses para asistir a la movilización masiva de Bilbo del pasado enero, que fue autorizada en su momento por los tribunales españoles.
«Eso (la reciente operación contra Herrira) acredita que el Estado de derecho funciona, que ley se sigue aplicando y esa es la mejor garantía para nuestras libertades». Así justificaba ayer Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso español, el arresto de 18 ciudadanos vascos el pasado lunes. Sus palabras simbolizan el bajo perfil con el que muchos portavoces políticos y la mayoría de medios del Estado español han reaccionado a la redada de la Guardia Civil. Pese a que habían transcurrido más de dos años sin macrooperativos por motivos políticos, desde diversos sectores unionistas se ha tratado de presentar la redada como una línea de continuidad. Al mismo tiempo, muchas de las cabeceras que durante años abrieron con noticias similares, apenas aguantaron la noticia una jornada. Todo ello, con clamorosos silencios sobre, por ejemplo, la agresión sufrida en Hernani por la senadora de Amaiur Amalur Mendizabal, golpeada por la Ertzaintza cuando participaba en una protesta pacífica contra los arrestos.
Quizás este interés en mantener un perfil bajo sea el motivo de que llegasen a transcurrir dos días sin que ningún portavoz respondiese al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, quien mantuvo uno de los discursos más beligerantes contra el operativo, calificándolo de «auténtico disparate jurídico y político». No fue hasta ayer cuando el presidente del PP en Gipuzkoa, Borja Semper, consideró, en respuesta a Eguiguren, que «paz existe técnicamente porque ETA no mata», pero hay «muchos reductos de odio y muchos espacios en los que hace falta mucha pedagogía democrática». «Hay mucha gente en Euskadi que quiere imponer un modelo político y social, no vencer, sino imponer, por lo que ahí nos queda una tarea ingente que vamos a tener que empezar a construir desde bases sólidas», afirmó, para cargar de razones la operación policial.
Lo cierto es que, en el Estado español, apenas se han escuchado valoraciones sobre la macrorredada, más allá de las comparecencias diarias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Este volvió a hablar ayer y, nuevamente, se enmendó a sí mismo. Si en un primer momento calificó a los detenidos de «tentáculos» de ETA para, apenas 24 horas después, dar por sentado que la organización armada «no existe», ayer se ubicó en un término medio. «Esa desaparición está más cerca, y la Policía debe perseverar en la misma línea que estos años», aseguró. A.P.
Todos los detenidos permanecen en régimen comunicado y no han denunciado haber sido sometidos a torturas ni malos tratos, lo que deja en evidencia los motivos para la utilización de la incomunicación.
