El secretario general del departamento de Empresa y Empleo catalán, Xavier Gispert, presidió ayer el encuentro, que contó con la presencia del director general de Comercio de la Generalitat, Josep María Recasens; del director general del Gobierno de Gasteiz, Jon Zarate, y de representantes de las patronales de comerciantes y organizaciones empresariales de ambas comunidades, según informó el Govern en un comunicado.

Los presentes formalizaron la denominada Declaración de Barcelona, un documento en el que ponen de manifiesto su desacuerdo con la regulación comercial promovida por el Estado español, al entender que pone en peligro el comercio local tradicional y puede suponer la destrucción de miles de puestos de trabajo en el sector.

El texto denuncia también la «vulneración de competencias» y la «imposición de leyes inconstitucionales» que impiden a los gobiernos autonómicos la defensa del modelo comercial y ejercer sus políticas en esta materia. La Declaración de Barcelona cuenta con el apoyo de organizaciones como la Confede- ración de Comercio de Catalunya, Pimec Comerç, Euskaldendak o Euskomer.

Legislación estatal

La Declaración de Barcelona analiza todas las normativas estatales que afectan a las competencias en materia comercial, como el Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que afecta a la regulación de los horarios comerciales y de diferentes modalidades de venta.

Asimismo, la Ley 12/2013 del 2 de agosto de medidas para la mejora del funcionamiento sobre la regulación de la cadena alimentaria afecta al ámbito competencial de inspección y control de las comunidades autonómicas a favor de una Agencia de Inspección y Control Alimentario de nueva creación. El «Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España 2013» y anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, así como el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2012 del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios son otras normativas que el texto recoge por la vulneración de competencias autonómicas que suponen.

El documento también recoge el Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, sobre la concesión de licencias de implantación de empresas y la creación de una nueva estructura que aglutine el control sobre la regulación de la actividad económica.