El Tribunal Penal de Apelaciones de Atenas declaró culpable de lavado de dinero al exministro de Defensa (1996-2001) y miembro fundador del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) Akis Tsochatzopoulos, de 73 años, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, aunque, debido a su edad, solo cumplirá una quinta parte y será liberado dentro de dos años.

La sala considera que Tsochatzopoulos recibió sobornos entre 1997 y 2001 a cambio de la concesión de contratas del Ministerio de Defensa y que blanqueó este dinero a través de una red de empresas con sede en el extranjero y mediante la adquisición de inmuebles.

El tribunal considera igualmente culpables a la esposa de Tsochatzopoulos, Viki Stamati; su hija Areti Tsochatzopoulos y un primo, Nikos Zigras. En cambio, el empresario Pantelis Zachariadis y el abogado chipriota Spyros Hatzinikolaou fueron absueltos.

Considera probado que durante su paso por el Ministerio de Defensa (1996-2001), recibió sobornos -valorados en al menos 55 millones de euros- por varios contratos militares, entre ellos la compra de submarinos de la empresa alemana Ferrostaal y la compra del sistema de misiles rusos Tor M1.

En su momento, Tsochatzopoulos defendió la compra de cuatro submarinos Tipo 124 en un contrato adjudicado por 2,850 millones de euros a la empresa alemana Ferrostaal, frente a una oferta francesa de menor coste. En el caso de los Tor M1, la investigación ha hallado 16,2 millones de francos suizos (13,3 millones de euros) en diversas cuentas de Suiza, que habían sido blanqueados por tres compañías offshore con sede en Chipre, Liberia y Estados Unidos gestionadas por Zigras, que durante el proceso judicial reconoció su culpabilidad pidiendo por ello «disculpas a todo el mundo» y «clemencia» al tribunal.

Dado el estatuto de limitaciones que protege a los cargos públicos de Grecia, el tribunal no ha podido condenar a Tsochatzopoulos basándose en los sobornos, por lo que se ha centrado en el lavado de dinero mediante el que se reciclaban.

La pasada primavera fue condenado a 8 años de cárcel y una multa de más de medio millón de euros por no haber justificado el origen de sus ingresos entre 2006 y 2009 y por la adquisición fraudulenta de una vivienda. En el juicio cargó contra su partido -que lo expulsó- y atribuyó su enjuiciamiento a un «complot» liderado por el exprimer ministro Yorgos Papandreu.