Las cosas no se ven igual desde Madrid que desde Barcelona. Así lo evidenció ayer el propio PP, cuya líder en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó a su partido que ofrezca «respuesta y solución al problema en Catalunya». «No podemos estar sin hacer nada», declaró, añadiendo que «estamos en una etapa nueva de nuestro proceso democrático, una nueva transición debe iniciarse».

Unas declaraciones novedosas teniendo en cuenta la boca por la que salen y que, en la práctica, Sánchez-Camacho, tradujo en una nueva propuesta de modelo de financiación que difícilmente convencerá a nadie, ni en Catalunya ni en el Estado. Sin salir del régimen común de la LOFCA, la líder popular propuso sencillamente poner freno a la solidaridad de Catalunya y respetar el principio de ordinalidad, según el cual un territorio no puede perder posiciones en el ranquin de financiación después de participar en la solidaridad interterritorial.

Apenas unas horas después, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desautorizó a Sánchez-Camacho, dando carpetazo a la propuesta con un simple «la solidaridad interterritorial está en los genes del partido».