El diario «La Razón», publicaba ayer a toda portada que «Estrasburgo apoya tumbar la `Parot' y liberar a 64 etarras y 6 violadores». En un subtítulo, hablaba de la «preocupación del Gobierno». La foto de la primera página era de un acto organizado por el propio diario con el ministro de Agricultura como protagonista y en el centro de la misma aparecía el de Interior, Jorge Fernández.

Con menor alarde tipográfico, también «Abc» daba cuenta en su interior de que «Estrasburgo, dividido, se decanta por liquidar la `doctrina Parot'». Y reiteraba la preocupación en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La Cadena Ser, por su parte, arrancó de madrugada anunciando que «el Gobierno cree que Estrasburgo va a tumbar la doctrina Parot».

Lo cierto es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aún no ha anunciado cuándo va a pronunciarse. El 10 de julio de 2012 una de sus salas condenó al Reino de España por haber aplicado de manera retroactiva la doctrina 197/2006 a Inés del Río. Y le conminó a ponerla en libertad a la mayor brevedad y a indemnizarla.

El Estado español recurrió ante la Gran Sala y la causa se vio el 20 de marzo. Desde entonces se está a la espera de una sentencia. Se supone que el Tribunal debe pronunciarse pronto, pero no hay ninguna confirmación al respecto. De hecho, en su página web suele anunciar los casos sobre los que tiene previsto fallar y todavía no figura el referido a la presa tafallesa.

«Es vinculante»

A ojos de todo el mundo quedó ayer en evidencia que la aparición de una misma «preocupación del Gobierno» en distintos medios sobre esta cuestión no era casual. Así que los periodistas destinados en el Congreso de los Diputados se pusieron de inmediato a buscar declaraciones.

Algunos políticos hicieron las valoraciones previsibles. Pero el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, articuló un discurso que hilaba más fino. Según informa Alberto Pradilla, en primer lugar aclaró que no tenía datos sobre cuál iba a ser la resolución final del Tribunal de Estrasburgo. Avisó de que se partía de una situación complicada, que era la de tener que recurrir una condena. Después añadió que lo que decida la Gran Sala «es vinculante». E intentó quitarse de en medio asegurando que el Gobierno había hecho todo lo que podía, que es recurrir la condena inicial, y pasó la pelota a los tribunales, diciendo que son los que «tendrían que aplicar» una posible «sentencia que derogase o cuestionase la `doctrina Parot'».

A renglón seguido, el «número dos» de Interior defendió la utilidad de la aplicación de esta doctrina y se apoyó en que fue dictada en 2006 por el Tribunal Supremo y avalada posteriormente por el Constitucional.

La filtración del Gobierno tuvo su efecto y pronto comenzaron los llamamientos al Tribunal de Estrasburgo. Por ejemplo, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, le recomendó que antes de tomar una decisión piensen en los muertos ocasionados por ETA y en los familiares que tienen a sus seres queridos «bajo tierra».

También la acusación del caso de las niñas de Alcàsser calificó de «locura» una anulación de la doctrina. Y en los medios se pusieron ejemplos de violadores que quedarían en libertad.