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Los bomberos se solidarizan con sus compañeros detenidos por la ikurriña
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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Un grupo de bomberos colgó ayer dos grandes banderas en la fachada del Parque de Trinitarios para mostrar su solidaridad con los dos compañeros que fueron detenidos por haber colgado la ikurriña durante el chupinazo, en una iniciativa de afiliados al sindicato LAB. El portavoz de la central, Igor Arroyo, enmarcó las detenciones en un regreso a las prácticas franquistas por parte de UPN y PP.
Arroyo recordó que «en el franquismo, el pueblo navarro debía subirse a los campanarios pra mostrar la ikurriña y a partir de 1975 la ikurriña se pudo exhibir en la fachada del Ayuntamiento». «Pero en las últimas décadas UPN y PP han reeditado la obsesiva persecución y censura de la enseña vasca», manifestó. El portavoz del sindicato aprovechó para hacer un llamamiento a la manifestación que, hoy a mediodía, saldrá desde la Diputación en defensa de la libertad de expresión y en repulsa de los juicios (tanto el que afecta a los «arrantzales» como el de los incidentes del año 2010) por la exhibición de la ikurriña en el chupinazo.
Tras animar a la ciudadanía navarra a exhibir los símbolos propios, Arroyo censuró el enorme gasto que se está generando en la abultada instrucción que se ha emprendido para determinar la culpabilidad de las seis personas detenidas.
La última novedad de esa instrucción pasa por la exigencia del juez a los seis imputados de entregar sus perfiles genéticos. El instructor les ha obligado a realizarse pruebas de ADN la semana próxima, bajo la amenaza de volverles a detener si se niegan. Precisamente, ayer, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, puso esta petición como ejemplo de una persecución desproporcionada. Martín Pallín aseguró que la adopción de medidas invasivas de la intimidad rige el principio de proporcionalidad y no se deben emplear para «perseguir banalidades o bagatelas» como la alteración del comienzo de una fiesta.
Además de las pruebas de ADN, los seis presuntos responsables de la acción han sido objeto de seguimiento durante meses, la Policía les ha clonado los móviles y se ha accedido a todas sus cuentas de crédito.