Juanjo BASTERRA

La formación fue otra etapa que los impulsores de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria avanzaron ayer para poner en marcha una dinámica que extienda y dé voz a cada rincón de Euskal Herria. «Se trata de que la participación llegue a cada barrio, a cada pueblo para que se pueda aportar a la Carta Social», explicó a GARA Edurne Larrañaga. «Avanzamos en técnicas metodológicas y participativas. Nos forman para generar el debate que nos llevará durante la segunda mitad de noviembre hasta el 14 de diciembre, cuando la Asamblea Nacional del movimiento sindical y social se reúna. Será el termómetro, entonces, sobre este proceso participativo y abierto».

Se quiere poner en pie cada pueblo y cada barrio porque la mayoría sindical y social de Hego Euskal Herria tiene «el pleno convencimiento de que se puede y se debe actuar de otra manera para cambiar de raíz la situación actual». Porque la Carta Social pretende ser, según recoge, «una síntesis de las aspiraciones y reivindicaciones más sentidas de la clase trabajadora y de amplios sectores populares para avanzar en la defensa y extensión de nuestros derechos, frente a la ofensiva capitalista desatada para endurecer las condiciones de explotación».

En este proceso de activar «el debate», como explicó Larrañaga, la jornada de formación propició «conocer esas técnicas para lograr que la Carta Social añada y arranque las inquietudes que cada uno llevamos dentro». Porque, en realidad, los colectivos sociales y sindicales que la impulsan pretende que cale en cada centímetro de la sociedad para que la defensa de la misma se plantee desde abajo en Euskal Herria para hacer frente con alternativas directas a «la crisis sistémica y global» que afecta «a múltiples ámbitos al mismo tiempo: la política, la economía, el modo de producción, lo social, la ecología, los cuidados, la convivencia y los valores», como refleja el texto que se está avanzando. «Se trata de que las personas y el interés de lo colectivo de la sociedad estén por encima de los intereses particulares y de los mercados».

Trasladar el debate es necesario, porque después ese proceso para determinar la Carta Social reflejará los mecanismos para obtener esos derechos sociales, como salud, vivienda, educación, entre otros, como «derechos exigibles a las administraciones públicas», que «en estos momentos están siendo eliminados del ordenamiento jurídico». Porque, como explican sus promotores, quienes nos gobiernan «han puesto su prioridad en salvar el negocio de la banca y en pagar la deuda financiera, mientras que las necesidades sociales pasan a ser atendidas de forma secundaria, en función de las disponibilidades presupuestarias», que son cada vez más reducidas.

Por eso, la Carta Social exigirá servicios públicos de carácter universal y, a la vez, el derecho a un trabajo y a prestaciones sociales «suficientes que permitan a las personas acceder a unas condiciones de vida dignas». Sin embargo, remarcan que los gobiernos «sacrifican» esas mejoras para la población «para mejorar los dividendos de los accionistas». Citan de forma directa que «las reducciones salariales, el empeoramiento de las condiciones laborales, el desempleo masivo, la precariedad y la exclusión son los instrumentos para producir una radical reducción de costes labrales que nos retrotraen a situaciones de casi esclavitud que creímos definitivamente superadas».

De ahí que denuncien también «el carácter segregador y discriminatorio del trabajo de cuidados en una sociedad machista y heteropatriacal que lo desvaloriza, invisibiliza y encierra en el ámbito privado».

Todos estos elementos, y otros, deben servir para alimentar esa participación que fije las acciones y derechos que la Carta Social plantee en este nuevo camino, que la mayoría sindical vasca y los colectivos sociales han iniciado para dar voz al pueblo.

Solo falta que la sociedad vasca participe del debate para avanzar. Una parte de esa tarea la tendrán que hacer estos dinamizadores que ayer aprendieron a activar la discusión para que dé sus frutos.