(...) Los magistrados europeos han confirmado la ilegalidad de la interpretación jurídica concebida para alargar su estancia en prisión. La decisión, empero, excede el caso de la presa de Tafalla. Es vinculante, sienta jurisprudencia y constituye una severa censura de una política antiterrorista basada en la venganza. Una política que ha degradado la vida social e institucional dentro y fuera de Euskadi. (...)

Muchos reaccionaron como en el poema de Niemoller: primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era... Ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional estuvieron a la altura de su función garantista. Fue esa deserción, contraria a la propia finalidad que la Constitución española atribuye a las penas, la que ha generado la sentencia europea. (...)

En realidad, el Gobierno español parece no aceptar lo que el alto al fuego permanente de ETA y la apertura de un horizonte de pacificación y de reparación de todas las víctimas supone. Hoy, quedan pocas excusas para no desmantelar las numerosas restricciones de derechos y libertades que se han puesto en pie a lo largo de los tiempos con el argumento de la lucha antiterrorista. En un contexto de crisis económica como el actual, no cabe duda que esa cerrazón punitiva puede prestarle buenos servicios en otros ámbitos, como el de la criminalización de la protesta. Pero se trata de una actitud necia y cortoplacista. La reacción del Gobierno no es peligrosa por su desprecio de la legalidad internacional. También puede contribuir a extender en el conjunto del entramado constitucional unas prácticas que nacieron como excepcionales y que luego serán difíciles de controlar. Desde esa perspectiva, tanto el Ministro como quienes le dan órdenes deberían tener presente algunas lecciones históricas. La primera, es que quien se habitúa a echar mano de medios ilegítimos para salvaguardar sus intereses inmediatos, corre el riesgo de engendrar, más temprano que tarde, combinaciones monstruosas que acaban por revolverse contra sus propios creadores.