Arranca el juicio por la estafa millonaria de la empresa Indaux
Mañana comenzará en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio por el desfalco de 22 millones de euros al grupo Asedir, propietario de la empresa Indaux de Getaria. Durante un mes sejuzgará a un total de 17 personas, aunque la mayor petición de penas es para el exgerente Ramón José Azkue Eizagirre y para el inversor Pedro José Urrutia Urrutia.
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
El principal acusado, para el que la Fiscalía solicita penas que suman 16 años y medio de cárcel, es el ex director financiero del grupo empresarial, Ramón José Azkue Eizagirre, quien, según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, ideó la presunta estafa junto al inversor Pedro Urrutia Urrutia, que se enfrenta a una petición de 13 años y medio de prisión.
El resto de procesados son familiares y personas del entorno y confianza de este último, quienes se habrían prestado «a recibir en sus cuentas bancarias las cantidades defraudadas» para «redirigirlas» de nuevo hacia Azkue y Urrutia, tras retener «para sí» un porcentaje del dinero trasvasado.
Según el documento de la Fiscalía, los hechos, que serán enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana, tuvieron lugar entre 2003 y 2007 cuando los dos principales acusados «idearon, planificaron y llevaron a cabo la salida continuada de capitales de las sociedades que integran el Grupo Asedir, sin el consentimiento ni la autorización de los socios propietarios».
De esta forma, presuntamente extrajeron de las cuentas bancarias de las empresas «un capital cuya suma total alcanza los 20.386.719 euros», si bien el perjuicio económico ascendió a casi 22 millones de euros teniendo en cuenta los intereses y gastos de distintos préstamos «originados por la operativa fraudulenta de los acusados», así como diferentes viajes cargados a las cuentas de las empresas.
El texto de la Fiscalía añade que, «para facilitar el vaciado de capital» de estas mercantiles y «hacer creer a los socios que las operaciones que realizaba estaban justificadas en la actividad de la empresa y ocultarles su actividad fraudulenta», Azkue utilizó distintos «artificios contables y simulaciones de negocios en realidad inexistentes».
Exime a los socios
En su informe, el fiscal añade que el procesado «logró ir eludiendo la exigencia de responsabilidades por parte de los socios de las mercantiles perjudi- cadas, ocultándoles la verdadera naturaleza e importes de las cantidades indebidamente dispuestas, haciéndoles creer que los movimientos tenían causa justificada», hasta que «la irregularidad de la situación contable» hizo que se descubriera la estafa.
Además, «dispuso el flujo» de estas cantidades entre las diversas sociedades del grupo, lo que le permitió «construir y mantener su engaño y dilatar en el tiempo el descubrimiento de sus fraudulentas operaciones».
El escrito del Ministerio Público aclara que, para «dar apariencia legítima» a las cantidades ilegalmente obtenidas, Azkue adquirió participaciones en otras empresas, así como varios vehículos de alta gama, mientras que Urrutia invirtió en diversas sociedades y fincas de Costa Rica.
Terrateniente en Costa Rica
La relación entre Urrutia, natural de Doneztebe, y Azkue se remonta al menos a 2003 cuando el navarro, que hacía las veces de inversor, se ofreció al gerente para «mover» por distintas sociedades el capital de Indaux.
A partir de ese momento, Urrutia empezó a trasvasar importantes cantidades de dinero, al menos, a Costa Rica, donde se afincó en 2006. Allí, cerca de la frontera con Nicaragua, compró una mansión e invirtió en plantaciones de piña y en una gasolinera. Los supuestos sobornos a empresarios, políticos y personal diplomático y sus excelentes relaciones con la jerarquía católica costarriquense -su Conferencia Episcopal posee un entramado de empresas en Panamá- le permitieron conseguir en tan solo un año el permiso de residencia permanente. Tras comenzarse las investigaciones fue detenido en 2008 y extraditado en 2009. Es el único acusado que permanece en prisión.
El obispo católico costarricense, aunque natural de La Rioja, Angel San Casimiro, medió para que Urrutia obtuviera la residencia de aquel país. Afirmó que lo hizo porque Urrutia tenía problemas de salud y era persona solvente. El prelado dijo que era «muy generoso» con la comunidad.
El Ministerio Fiscal parece tener muy clara la concatenación de los hechos y la autoría del desfalco. Sin embargo, fuentes cercanas al caso plantean aún más interrogantes, sobre todo, en la actuación de los directivos de la empresa durante los últimos años y en los bufetes de abogados a los que Indaux ha encomendado tanto la gestión del día a día como la defensa de sus intereses durante el juicio.
Personas cercanas a la propia empresa califican de «contradictorio» que durante la negociación de los convenios la dirección de la factoría siempre alegaba pobres resultados económicos para evitar subidas salariales, mientras supuestamente el director financiero tenía posibilidad de desviar 20 millones de euros.
Estas mismas fuentes muestran su extrañeza por la decisión de Indaux de que sus cuentas las lleve el despacho de asesores Cialt, el mismo en el que Víctor Bravo domicilió la empresa catalana Glass Costa Este Salou con la que se defraudó a la Hacienda de Gipuzkoa. De la misma forma que califican como «significativo» que Indaux haya encargado la defensa de sus intereses en este juicio al despacho Díaz-Bastien & Truan, uno de cuyos propietarios, Héctor Díaz-Bastien está imputado en el «caso Goldfinger» de Marbella, junto a buena parte de los juzgados recientemente en el «caso Malaya»
Entre algunos de los casos que ha llevado este bufete está la defensa del traficante de armas sirio Monzer al Kassar o de elaborar un dictamen para apoyar la defensa del dictador Augusto Pinochet y evitar su extradición al Estado español. GARA
