Arranca el juicio por la estafa de Indaux con una orden de busca y captura
El juicio por la estafa de 22 millones de euros al grupo Asedir, propietario de la empresa Indaux de Getaria, arrancó ayer con la ausencia de uno de los acusados, para quien el juez dictó una orden de búsqueda y detención. Los dos principales encausados sí se sentaron en el banquillo.
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa acogió ayer la primera de las sesiones del «macro-juicio» por la estafa a la empresa Indaux, que se prolongará a lo largo de todo un mes y en el que serán juzgadas un total de 17 personas, aunque la mayor petición de penas es para el exdirector financiero Ramón José Azkue Eizagirre y para el inversor Pedro José Urrutia Urrutia, para quienes el fiscal pide 16 y 13 años de prisión, respectivamente.
La primera sesión se dedicó de forma íntegra a las cuestiones previas planteadas tanto por las acusaciones como por los abogados de la defensa, mientras las declaraciones de los acusados no comenzarán hasta mañana. El día 7 de noviembre arrancarán las pruebas testificales y el 19 las periciales, de tal forma que el juicio podría quedar visto para sentencia el 28 de noviembre.
Además de Eizagirre y Urrutia, el resto de procesados -para los que el fiscal pide entre 5 y 13 años de cárcel- son familiares y personas del entorno de este último, quienes se habrían prestado «a recibir en sus cuentas bancarias las cantidades defraudadas» para «redirigirlas» de nuevo hacia Azkue y Urrutia, tras retener «para sí» un porcentaje del dinero trasvasado.
El elevado número de abogados presentes en el juicio obligó a habilitar en la sala de vistas una segunda fila en la bancada de las defensas. Además, el número de imputados sobrepasaba las plazas del banquillo de los acusados, por lo que algunos de ellos tuvieron que asistir al juicio desde las primeras filas de los asientos destinados al público.
Dos ausencias
En la vista de ayer, el presidente del tribunal, Augusto Maeso Ventureira, informó de la ausencia de dos de las personas acusadas. Una de ellas justificó su ausencia por su «grave» estado de salud, hecho que fue admitido por el tribunal, que resolvió archivar provisionalmente la causa en su contra a la espera de que más adelante pueda ser juzgada en un proceso individualizado.
El otro encausado ausente no respondió a las citaciones efectuadas por el juzgado, por lo que el tribunal acordó ayer mismo emitir una orden de búsqueda y detención.
Azkue y Urrutia se encuentran actualmente en libertad y el único encausado que permanece encarcelado es Rafael García, aunque en las próximas semanas expira le plazo de dos años de prisión provisional, por lo que el fiscal pidió al tribunal que prorrogue dicho plazo.
Según el documento del Ministerio Fiscal, los dos principales acusados «idearon, planificaron y llevaron a cabo la salida continuada de capitales de las sociedades que integran el Grupo Asedir, sin el consentimiento ni la autorización de los socios propietarios».
De esta forma, presuntamente extrajeron de las cuentas bancarias de las empresas «un capital cuya suma total alcanza los 20.386.719 euros», cantidad que se eleva a casi 22 millones con los intereses y gastos de viajes cargados a las cuentas de las empresas. El fiscal aclara que, para «dar apariencia legítima» a las cantidades ilegalmente obtenidas, Azkue adquirió participaciones en otras empresas, así como varios vehículos de alta gama, mientras que Urrutia invirtió en diversas sociedades y fincas de Costa Rica, de donde fue extraditado en 2009.
El grupo Indaux, que fabrica complementos y herrajes para muebles -cierres, bisagras y correderas-, cuenta con dos plantas en Getaria y otras dos en Aia, en las que trabajan medio millar de personas.
Uno de los aspectos más llamativos del juicio que comenzó ayer, al margen del elevado monto del desfalco, es la variopinta nómina de abogados que representan no solo a los acusados del desvío de dinero, sino a la propia empresa afectada.
Así, la representación de Indaux corre a cargo del bufete madrileño Díaz-Bastien & Truan, fundado por Héctor y Ernesto Díaz-Bastien y Conrado Truan. Con despachos en Madrid, Marbella y Londres, este bufete llevó la defensa del traficante de armas sirio Monzer al Kassar, mientras uno de sus propietarios, Héctor Díaz-Bastien, está imputado en el «caso Goldfinger» de Marbella, junto a buena parte de los juzgados recientemente en el «caso Malaya».
Ernesto Díaz-Bastien se puso en contacto telefónico con este diario para negar relación alguna con Héctor y remitir un escrito en el que asegura incluso no conocerle. Atribuye la relación con los casos citados a una «paranoia conspirativa carente de toda base».
Asimismo, rechaza vinculaciones con Cialt, asesoría fiscal que trabaja actualmente para Indaux, la misma en la que Víctor Bravo domicilió la empresa catalana Glass Costa Este Salou con la que se defraudó a la Hacienda de Gipuzkoa.
Erneste Díaz-Bastien atribuye estas informaciones a un intento de «dañar la imagen de la empresa y crear una cortina de humo sobre los hechos que se juzgan».
Por otra parte, entre los abogados que defienden a algunos de los encausados se encuentran letrados de gran proyección mediática como Manuel González Peeters, defensor de Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos; y el abogado Antonio Alberca, representante del expresidente del Govern balear Jaume Matas en el caso Palma Arena. J.S.
