La Audiencia Nacional acepta que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos liquida la doctrina 197/2006, marca el canon o estándar internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales en Europa y constituye además el fiel de la balanza que sirve de referencia para calibrar la calidad del «Estado de Derecho» de sus países miembros. Así se expresa el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia en el primer auto que extiende la aplicación de la sentencia de Inés del Río a otro preso vasco, Juan Manuel Piriz López, excarcelado el pasado viernes. En el mismo, aborta definitivamente una interesada discusión: no ha lugar a su incumplimiento, tiene carácter general y no hay ningún poder del Estado que pueda situarse al margen de esa sentencia. Blanco y en botella: no debe quedar nadie en la cárcel por hechos anteriores a 2003 en aplicación de la citada doctrina, sería una aberración jurídica e incurriría en un delito de detención ilegal.

A lo máximo, atendiendo a la voluntad del Gobierno, la Audiencia Nacional parece que permitirá ir escalonando las excarcelaciones de presos vascos. Pero el énfasis con el que se ha pronunciado Estrasburgo no deja margen de maniobra: el principio de irretroactividad penal es uno de los fundamentos de todo Estado de Derecho que se precie y justicia es aquello que dice la ley y sentencian los jueces, no lo que quiere el gobierno de turno -azuzando las más bajas pasiones e instrumentalizando obscenamente a las víctimas- que digan o sentencien. Así de sencillo y de contundente.

Mark Muller, el abogado británico que ha liderado el equipo jurídico de Inés del Río en esta última fase, recordó ayer que estas sentencias suelen favorecer que los gobiernos reflexionen. Sería deseable que Madrid aprovechará el fallo y se sirviera de la percha que ofrece para abordar una pedagogía constructiva de la solución. Pero a diferencia de una Audiencia Nacional que parece querer «reinsertarse», forzada por la realidad jurídica europea, el Gobierno sigue enredando. El PP parece creer que mantener vivo el conflicto es la vía para no perder sus demonios particulares y justificar así sus desmanes.