Madrid recurre la orden que regula la atención a las personas sin seguro
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio español de Justicia, ha presentado un recurso contra la orden que regula la asistencia sanitaria a las personas que no tienen la condición de aseguradas. Esa norma, aprobada por Lakua el 4 de julio, articula el decreto 114/2012, que recoge el derecho a tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que lleven más de un año empadronados en la CAV.
Ion SALGADO | GASTEIZ
La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contra la orden que regula el reconocimiento de la asistencia sanitaria en la CAV a las personas que no tienen la condición de aseguradas. El recurso contra el citado texto normativo, que articula el derecho a la asistencia sanitaria de los colectivos amparados por el decreto autonómico 114/2012, ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Este decreto, aprobado por el Gobierno de Patxi López y derogado de manera parcial por el Tribunal Constitucional español, establece una serie de requisitos para poder tener una tarjeta individual sanitaria (TIS), tales como no tener recursos económicos, carecer de otro tipo de protección sanitaria y estar empadronado durante al menos un año en la CAV. Una condición que deja fuera del sistema a cientos de inmigrantes en situación irregular.
El director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria, Iñaki Berraondo, que ayer compareció junto al consejero de Salud, Jon Darpón, en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Gasteiz, destacó que la «inmensa mayoría» de los inmigrantes residentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa llevan más de un año empadronados, por lo que ya cuentan con una TIS. Según afirmó, unas 700 personas no cumplen los requisitos del decreto autonómico. Este número choca con los datos aportados por Munduko Medikuak, que en agosto denunció que el Decreto Ley 16/2012 ha dejado a 17.000 personas sin cobertura sanitaria en la CAV.
Las palabras de Berraondo fueron criticadas por Eva Blanco (EH Bildu), Blanca Roncal (PSE) y Gorka Maneiro (UPyD), que pidieron a Lakua que se atienda a todas las personas, sin reparar en su situación legal. El director se escudó en el «marco legal» para justificar la postura del Gabinete jeltzale. «Por el principio de seguridad jurídica, lo lógico es apoyarse en el auto del Tribunal Constitucional», añadió.
Las ambulancias
Por su parte, Jon Darpón reconoció que «algo pasa» en el seno de la empresa Ambuibérica, que gestiona quince bases de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU). El consejero de Salud reconoció que las quejas de los trabajadores de la sociedad mercantil «preocupan» al Ejecutivo autonómico, que ha encontrado «deficiencias de orden menor» en las bases.
En alusión a las sospechas suscitadas por la irrupción de la empresa vallisoletana en la CAV, Berraondo dijo que «no hay ningún interés oculto, más que el de procurar el mejor servicio posible bajo los principios de concurso libre y transparente».
La Plataforma Navarra de Salud ha convocado concentraciones ante los centros de Osasunbidea para mañana ante los ataques contra el sistema público sanitario. Durante una comparecencia en Iruñea, recordó que el Gobierno navarro, a instancias de Madrid, ha introducido el sistema de copago de medicamentos de uso hospitalario. Este colectivo considera que esta medida solo supondrá un ahorro de 70.000 euros al año (un 0,08% del total) y que castiga a quienes padecen dolencias graves por el mero hecho de estar enfermos y que se enmarca en la estrategia de deterioro del sistema público.
En el Parlamento de Gasteiz, el consejero de Salud del Gobierno de Lakua, Jon Darpón, informó de que los presupuestos de su departamento para 2014 incluirán una partida de 18 millones de euros, ampliables en función de la demanda, para compensar los copagos farmacéuticos.
La plataforma navarra también criticó el desplazamiento de sanitarios en algunas áreas básicas de salud, enmarcándolo en el abandono progresivo que, a su juicio, Osasunbidea mantiene respecto a la atención primaria, «en aras de un mayor desarrollo tecnológico y del hospitalocentrismo», dejando a un lado tareas como la prevención y la promoción de la salud.
Junto a ello, recordaron la situación de las cocinas hospitalarias tras la privatización y entrega de su gestión a Mediterránea de Catering (ha habido más de 2.000 quejas de pacientes), alertaron sobre la privatización de nuevos servicios (laboratorio, banco de sangre o limpieza, entre otros) y denunciaron el progresivo aumento de las listas de espera. Por ello, aseguraron que la universalidad de la asistencia sanitaria no está garantizada actualmente en Nafarroa. GARA
