El anuncio del segundo acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en materia de participación política suscitó numerosas reacciones en Colombia, la primera la del presidente, Juan Manuel Santos, que aseguró que «nunca antes se había llegado tan lejos en el camino para terminar el conflicto».

Aunque al inicio de los diálogos, que el próximo día 19 cumplirán su primer aniversario, puso noviembre de este año como fecha tope para lograr un acuerdo para la terminación del conflicto, en su alocución televisada del miércoles reconoció que «un conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. Entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos, yo soy el primer impaciente, pero tenemos que entender que la paz no se hace con los amigos sino con los enemigos y que estos procesos son complejos».

Refiriéndose a lo pactado en La Habana, asumió que tras el fin del conflicto armado «será necesario abrir aún más nuestra democracia a nuevas voces y nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate y tengan todas las garantías de transparencia y equidad en las reglas de juego. No es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada. Sirve a toda la sociedad porque facilita la creación de nuevas expresiones políticas, promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos hacen».

«En setiembre del año pasado les dije que la paz era posible y que estábamos ante una oportunidad real, sin duda, la mejor oportunidad de nuestra historia y, tal vez la última, de poner fin al conflicto armado. Pues bien, hoy estoy mucho más convencido de que la paz es posible y de que no tenemos que resignarnos a otro medio de siglo de guerra», reiteró Santos.

Por ello, con un calendario electoral como condicionante y frente a los llamamientos a suspender las conversaciones durante la contienda electoral, sostuvo que «sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos haciendo avances reales. Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo. Debemos continuar, perservar. Las oportunidades llegan y se van. Y ésta no la podemos dejar pasar. Por eso tenemos que estar a la altura de nuestras posibilidades y a la altura de la historia», insistió.

Rechazó nuevamente un cese de las hostilidades como le vienen reclamando amplios sectores de la sociedad colombiana, las FARC incluidas.

Bajo el argumento de «defender a la población y reducir los riesgos mientras se desarrollan las conversaciones», se vanaglorió de que no ha despejado «un solo milímetro del territorio nacional y hemos mantenido, sin bajar la guardia ni un solo instante, la ofensiva militar para que no se aprovechen estratégicamente de nuestra voluntad de paz». Agradeció a soldados y policías su «sacrificio y esfuerzo constante gracias al cual hoy Colombia puede soñar con una paz posible».

Santos hizo un contundente llamamiento a superar «el miedo, porque nos condena al pasado. Llegó la hora de pensar en el futuro. La gente que está naciendo hoy debe ser la generación de la paz», concluyó.

Recordó, no obstante, que la máxima que guía el proceso de diálogo en su conjunto es la de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».

Por su parte, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez, celebró que «Colombia vive una primavera de sueños de justicia. La gente quiere decidir y en eso consiste la verdadera participación ciudadana. De eso se trata lo que hemos debatido durante los últimos seis ciclos -periodo que se traduce en 5 meses y 11 días-. Lo primero que está por resolverse es la necesidad de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado, que es lo que ocurre cuando se actúa bajo el imperio de doctrinas foráneas que ven en el ciudadano a un enemigo interno».

«A la movilización de los inconformes e indignados no se le puede seguir dando el tratamiento militar que hasta hoy se le ha dado. Dentro de estas reflexiones, quizás uno de los más importantes logros es el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y portavoces de las organizaciones sociales para que por fin tengamos un estatuto para la oposición política», destacó.

Sobre el terreno, Marcha Patriótica ha denunciado que en lo que va de año han matado a 21 miembros de este movimiento, por lo que ha exigido a la Fiscalía General de la Nación plenas garantías para el ejercicio de la oposición y la investigación de todos estos hechos, entre ellos, la muerte el pasado 30 de octubre de Edier Otero en el departamento de Quindío, donde fue tiroteado. Cabe destacar que su compañera, Luz Dary Jaramillo, había recibido amenazas por su labor como dirigente de la Asociación de los Sin Techo.

El 1 de noviembre, en el mismo departamento, falleció en circunstancias todavía por determinar Ana Isabel Valencia, también dirigente de Marcha Patriótica.

El propio jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, incidió en la necesidad de «cumplir el viejo anhelo de consolidar los derechos de la oposición» y de «generar una cultura de convivencia, tolerancia y respeto».