Tergiversar» significa, según la RAE, «dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos». Y como para aprender algo -por ejemplo, el significado de una palabra- no hay nada mejor que explicarlo con ejemplos, podría proponer como arquetipo de la tergiversación el artículo publicado en GARA el 15 de octubre titulado «Fracking: empezamos el debate», firmado por la parlamentaria del PSE Natalia Rojo.

Sospecho que la tergiversación de Rojo es premeditada y calculada, y que ella misma es consciente de que llega a mentir en algunas cuestiones. Conscientemente. Así, flaco favor hace a la política institucional, teniendo que mentir para ocultar la pobre y frívola política medioambiental que ha llevado a cabo, cuando ha gobernado, el PSE. Ahora pagamos, todos y todas, las consecuencias de aquellos caprichos megalómanos de Patxi López, que arrastraron al PSE, y a la sociedad vasca, a este berenjenal energético.

Todo comenzó cuando López se plantó el casco y las gafas yanquis en la cabeza, en octubre de 2010, y anunció desde Dallas (EEUU), de sopetón, que Araba podría abastecernos de gas durante 60 años. Anuncio que estaba más cerca de la propaganda que de otra cosa, porque carecía de rigurosidad en el aspecto técnico. Fue entonces cuando la mayor parte de la sociedad vasca, incluidos los parlamentarios y parlamentarias, conocieron el gas no convencional, el fracking y sus consecuencias. Dudo de que la propia Natalia Rojo tuviera conocimiento de que López iba a hipotecar aquel día y de aquella manera la postura del PSE en materia energética.

Por ello, cuando en su artículo cita que en 2010 ningún partido citó el fracking en el proceso de modificación de la Ley 18/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, debe ser consciente de que el proceso del cambio de ley comenzó en 2008, aunque culminara dos años más tarde. Y que en todo ese periodo de tiempo no teníamos conocimiento de esta técnica agresiva con el medio ambiente. Tergiversa, pues, la realidad. No podíamos hacer referencia alguna al fracking, porque no sabíamos que López y el PSE iban a apostar ciegamente, poco más tarde, por el fracking.

Por otro lado, también manipula otra referencia a Aralar, ahora en EH Bildu, cuando cita que se abstuvo en 2010 a la hora de prohibir las canteras. Rojo sabe que Aralar se abstuvo porque a Aralar no le parecía suficiente la mera prohibición de las canteras en los espacios protegidos. Quería extender la prohibición a las megacentrales eólicas, en pleno debate por el impacto que podían causar en dichos espacios. Como la prohibición no alcanzaría a las centrales eólicas, esta formación se abstuvo en la votación.

Estos días se ha anulado la modificación que se hizo el año 2010 del artículo 17 de la ley que prohibía las canteras en zonas protegidas, gracias a los votos de PNV, PSE y PP. Por otro lado, también se ha dado carpetazo a la petición que nos hicieron en el Parlamento Vasco las Juntas Generales de Araba para prohibir, a través del mismo artículo, el fracking.

A partir de ahí, la parlamentaria tergiversa la realidad, en un ejercicio de cinismo, con manifestaciones como la de que «el Gobierno socialista cierra la cantera de Zallobenta (Mañaria) en julio de 2010». Resulta que es la sentencia del Tribunal Supremo la que, el 9 de junio de 2010, da la puntilla a la cantera. No el Gobierno del PSE. La Consejería socialista se limita, únicamente, a ejecutar la sentencia. Y lo que es más importante, el cierre, realmente, responde al esfuerzo personal y colectivo de los y las vecinas de Mañaria, como he podido comprobar personalmente durante muchos años de esa lucha en contra del atentado contra la naturaleza y el sentido común que significan las canteras del municipio.

El verdadero problema de la señora Rojo es que le resulta complicado justificar el cambio de actitud de su partido: en 2010 prohibía las canteras en los parques naturales, y en 2013, las permite. Y por si fuera poco, elude prohibir el fracking en dichos espacios. Argumenta que aquella prohibición de las canteras nos ha costado nueve millones de euros en indemnizaciones a las empresas, como en el caso de Zallobenta. Aunque sea cierto que el Gobierno Vasco es condenado a pagar nueve millones de euros (sentencia 478/10 de septiembre de 2010, del TSJPV), no se trata de una indemnización por la prohibición, sino porque la administración en 2006 -¡sólo 4 años antes!- le había cambiado los límites de explotación de la cantera dentro del parque natural. Algo que nada tiene que ver con prohibiciones genéricas en parque naturales, tal y como ahora nos quieren vender PNV, PSE y PP. Es solo una excusa para no prohibir el fracking o las canteras en parques naturales.

Es aun más ruborizante que una representante del PSE hable de iniciar un «debate abierto, sin prejuicios ni tabúes, sin responder a intereses económicos...». El rubor debería ser el del propio PSE, porque ese partido votó en contra de tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para prohibir el fracking (Acuerdo nº 67 de la mesa del Parlamento, de 5 de febrero de 2013), aunque luego rectificó. Y es ruborizante porque aprobó en el año 2011 la Estrategia Energética Vasca 2020, que establece como estratégico el fracking, marcándose como meta para 2015 poner cinco pozos en explotación, sin ningún debate, ni político ni social.

El despropósito del artículo lo redondean las críticas que Rojo dedica a las medidas de Rajoy para relajar las garantías ambientales en las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Medidas muy criticables, efectivamente, pero no por alguien que pertenece a un partido que en su Estrategia Energética Vasca -accesible en Internet, página 179-, dice literalmente: «De cara a la dinamización del sector, es importante llevar a cabo iniciativas que simplifiquen radicalmente la actual normativa de tramitación de solicitudes y autorizaciones para la exploración y, en su caso, explotación de reservas de gas natural. La propia viabilidad económica de estas posibles reservas está en cuestión si no se reducen y agilizan significativamente los requisitos y plazos que actualmente se manejan en este tipo de permisos. Para ello será preciso argumentar de forma sólida y decidida ante la Administración central la necesidad de los cambios regulatorios propuestos y las importantes ventajas energéticas y económicas que ello puede generar». Este texto debería ruborizar a Rojo.

Lo dicho, ante las tergiversaciones para ocultar la verdad, un poco de hemeroteca, unas cuantas sentencias, unas resoluciones y alguna referencia a documentos que dejan en evidencia el cinismo del PSE.

(Pongo a disposición de los lectores que así lo soliciten a este periódico, todas las sentencias, actas y documentos que se citan en este artículo).