El tercer plenario del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), que se reúne en los próximos cuatro días a puerta cerrada en el modesto Hotel Jingxi, en el oeste de Pekín, ha levantado grandes expectativas.

Los dos primeros plenarios sirven tradicionalmente para elegir a los dirigentes del Partido y del Estado, mientras el tercero se encarga de fijar las grandes líneas políticoeconómicas.

Así ocurrió en 1978, cuando Deng Xiaoping lanzó la apertura económica que catapultó a la China maoísta a un crecimiento exponencial. Sin olvidar el tercer plenario de 1993, en el que el líder de la Tercera Generación, Jiang Zemin, anunció la «economía socialista de mercado».

Los sinólogos esperan mucho de este cónclave en términos económicos. El presidente, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Kequiang, han manifestado reiteradamente su voluntad de reequilibrar el crecimiento de la segunda economía mundial para hacerla menos dependiente de las exportaciones y de la inversión en infraestructuras.

Cabe recordar que dirigir la economía a fortalecer el consumo interno del país más poblado de la tierra fue uno de los ejes de la anterior dirección, la llamada Cuarta Generación.

Más novedades pueden llegar de la mano de medidas que vayan en la línea de matizar el control del Estado sobre las empresas. El reciente lanzamiento de la zona franca de Sanhghai es una señal en ese sentido.

No obstante, hay quien apunta ya que, pese a las palabras grandilocuentes, las reformas exhaustivas podrían incluso tener que esperar al XIII Plan Quinquenal en... 2015.

Y es que, junto a la gestión de los tiempos, la misma concepción de la política tiene sus especificidades en China. Cuando los sinólogos occidentales oyen la palabra reformas políticas lo interpretan en clave de parlamentarismo occidental. Y lo que está claro es que todas las reformas impulsadas hasta ahora por el partido han ido en la línea de fortalecer su posición.

Otra cosa es que en China el término reforma política engloba los cambios en materia económica e incluso administrativa. Y ahí sí parece que el PCCh está dispuesto a promover cambios. Es el caso de las anunciadas medidas para reforzar el papel de los poderes locales e incluso el debate en torno a la suspensión del hukou, sistema de los permisos de residencia que ata a los campesinos a su aldea y que impide a día de hoy a 300 millones de inmigrantes beneficiarse de los servicios de salud, educación... en sus ciudades de acogida. Ese sí sería un cambio importante, pero teniendo en cuenta que, frente a interpretaciones occidentalistas, el hukou permitió a China maoísta garantizar la autosuficiencia alimentaria de su ingente población y limitó, comparativamente, la concentración de la población en las ciudades.