Tras la Segunda Guerra Mundial las contradicciones emergentes en Europa darán la razón, de forma creciente, al medular pensamiento fundacional de la Unión que, encabezado por Jean Monnet, planteó una Europa unida en base a las personas y los pueblos, capaz de desbordar democráticamente las viejas monarquías, los imperios y los estados-nación obsoletos y caducos.

Recién iniciado el siglo XXI, en la orientación de los procesos políticos el derecho a decidir cobra una relevancia incontestable. Los ejemplos son cada vez más abundantes y evidentes, desde Islandia a Groenlandia, Eslovenia, Irlanda, Escocia y Chequia, Estonia o Croacia, las prácticas confederales del Benelux que agrupan a flamencos, valones, germanos y bruselenses, los lander alemanes, Letonia, Córcega, Lituania. Ayer Montenegro. Hoy mismo Gibraltar y mañana inexorablemente Euskal Herria. Se trata del ejercicio del principio democrático del derecho de la ciudadanía a decidir libremente sobre sí misma, es decir, el derecho a decidir de cada persona y su comunidad existencial más próxima.

El desarrollo de las contradicciones invita a pensar que la ciudadanía vasca prefiere gobernarse a sí misma con instituciones cercanas y propias orientadas a defen- der sus intereses y valores, en lugar de consentir por más tiempo la dependencia de los grandes estados-nación capitalistas y jacobinos, intrínsecamente corruptos.

No en vano los escándalos con estafas millonarias son habituales y abundantes en el Estado español: Filesa, Kio, Fondos reservados, Forum Filatélico o Marbella, así como la implicación directa en esas prácticas de los procesados primeros ministros italianos, franceses, alemanes, belgas, ingleses, etc. Por ello, el ejercicio inteligente del derecho democrático a decidir de la ciudadanía conllevaría, además de la propia reafirmación como persona y pueblo, el rechazo a la corrupción generalizada inherente a los grandes Estados, unas mejores condiciones para la defensa de las reivindicaciones sociales inmediatas y la posibilidad de practicar la solidaridad con la ciudadanía de otros pueblos, comunidades y continentes.

En setiembre de 2006, en el marco de un más que sospechoso sigilo mediático, la agencia EFE tuvo que trasmitir que «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, frente a los argumentos de España, consideró legal la extensión a ciudadanos de países terceros el derecho a voto en las elecciones europeas que se celebren en Gibraltar». Así mismo, la FIFA considera legal que Gibraltar presente en los campeonatos deportivos europeos sus propias selecciones.

Tras más de dieciocho meses de negociaciones en el Foro Trilateral de Gibraltar, España y Gran Bretaña, interpretando el Tratado de Utrech de 1713, se afirma que Londres admite la autodeterminación gibraltareña, o que Gibraltar anuncia en la ONU que ejercerá vía referéndum su derecho de autodeterminación. Como dato a tener en cuenta es interesante saber que el Gobierno español ha solicitado a las partes silencio diplomático e informativo en base a excusas formales respecto a la verja, la presencia de un submarino nuclear británico, el aeropuerto o las jubilaciones. La petición española es a todas luces desproporcionada, salvo que su interés resida en evitar, por ejemplo, la confluencia de las negociaciones sobre Gibraltar con el iniciado proceso democrático vasco y la incursión de ambas negociaciones en el ámbito inter- nacional de la resolución de conflictos históricos de Europa. Ciertamente, el PSOE y el PP tratan de silenciar el tema. Intentan ladearlo y alargar la resolución ya prevista que implica obligado respeto y acatamiento de la libre decisión de la población gibraltareña. A su vez, los defensores de esa vieja España imperial tratan de confundir a la ciudadanía española sobre la cuestión de Gibraltar. Quieren evitar la comparación y/o identificación del derecho a decidir que le corresponde a la población gibraltareña con el mismo derecho democrático que le asiste a la de Euskal Herria. Ante el silencio intencionado del Gobierno, posiblemente sea de interés conocer y aclarar un poco el tema de Gibraltar por las inevitables similitudes en cuanto a la resolución del conflicto que se pudieran derivar hacia nuestro propio proceso.

Como es sabido, a lo largo de la historia contemporánea, los sucesivos gobiernos españoles de Franco, Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar han rechazado sistemáticamente el principio democrático de reconocer a la población gibraltareña el derecho a decidir su presente y su futuro, imponiendo y aplicando la cosoberanía exclusiva de España y el Reino Unido sobre el territorio, en una interpretación retrógrada del artículo X del Tratado de Utrech, según el cual si Gran Bretaña abandona o cede su soberanía a la ciudadanía gibraltareña, el Estado español tendría el derecho de renuncia, o de no renuncia, a la soberanía de España sobre el Peñón, tratando de impedir, o dificultar, la plena soberanía o independencia de la población gibraltareña, en el marco de la actual interdependencia de la Unión Europea.

Afortunadamente, las previsiones políticas indican con claridad que para finales de año la inmensa mayoría de la ciudadanía gibraltareña, de origen británico, español o migratorio, decidirá libre y democráticamente su presente y futuro en defensa de su autodeterminación y soberanía.

La realidad política actual de Gibraltar, además, añade el valor de la posición política que al respecto mantiene el partido laborista gibraltareño. Según Joe Bossano, la nueva constitución dará a Gibraltar el 99% de los poderes de un Estado soberano. El texto Constitucional contendría una adopción genérica del derecho de autodeterminación de los pueblos contemplado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. El foro de diálogo tripartito entre los gobiernos de Gibraltar, España y Reino Unido con- lleva el compromiso formal de Madrid de respetar las decisiones políticas aprobadas por los gibraltareños.

En este contexto, tras dieciocho meses de negociaciones trilaterales, la reacción de Rajoy, con evidente desprecio a los gibraltareños, ha sido clara: «las negociaciones sobre Gibraltar deben ser estrictamente entre dos, España y el Reino Unido». Así mismo, el diario “La Razón”, en su editorial del 26 de setiembre, dice, a manera de aviso a navegantes, que «extrapolar las referencias de la futura Constitución de los llanitos sobre la autodeterminación a otras realidades como la vasca sería un error de comprensión lectora».

La derecha española, desorientada y confusa, recurre al trasnochado discurso gran nacionalista español. Ya no puede reclamar ruido de sables para frenar la emergencia de procesos democráticos racionales. Es la clásica derecha, extremadamente reaccionaria, que acaba de prohibir la representación de una obra del autor teatral Pepe Rubianes por haber declarado «que se vaya a la mierda la puta España», exabrupto de salud democrática por cuanto va dirigido a la España fascista que rechazamos la inmensa mayoría. Porque, como ciudadanas y ciudadanos progresistas, nuestros intereses y sentimientos son radicalmente opuestos a los representados por la España imperial y fascista, o por la Grande France.

Sin embargo, nuestras legítimas aspiraciones de soberanía tienen ahora la oportunidad histórica de confluir con los intereses de la parte de la ciudadanía que, reclamándose libremente española, francesa o británica, recono- ce y respeta el legítimo derecho a decidir de la población gibraltareña y de Euskal Herria. -