PORTUGALETE

Los imputados, que se enfrentan a penas de seis a doce años de prisión, comparecieron ayer arropados por vecinos y amigos y alertaron ante el riesgo de que este juicio siente un precedente que impida a cualquier organismo plantear sus reivindicaciones en un pleno.

«En los últimos años se ha ejercido una represión sistemática contra la izquierda abertzale, pero si somos condenados se estará abriendo una vía para que cualquier colectivo o vecino de este pueblo pueda ir a la cárcel por ejercitar su derecho a la libertad de expresión», advirtió Alberto Bonilla en nombre de todos los encausados.

Por ello, en los próximos días pondrán en marcha una campaña de apoyo entre los diferentes colectivos y asociaciones de Portugalete. Además, el pasado día 11 registraron una moción en la que piden a la Corporación municipal que se posicione a favor de la libertad de expresión, a la vez que le instan a garantizar la defensa de los ocho imputados.

«El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental y los plenos son, o debieran ser, espacios públicos de encuentro. El Ayuntamiento de Portugalete no puede presumir de ser un lugar donde respeten los derechos, pero esta vez se tiene que posicionar porque hablamos de un ataque a la convivencia democrática y a la libertad de expresión», insistieron.

En este contexto, recordaron que una opción política permanece vetada en el Consistorio «sin que los ediles hagan nada para evitarlo. Tampoco podemos olvidar ­añadieron­ la cruzada emprendida por el Gobierno PP-PSOE contra la izquierda abertzale y el movimiento popular basada en la censura sistemática y el boicot a las iniciativas no institucionales».

«Algunos callan»

Por su parte, el movimiento antirrepresivo de Portugalete advirtió que en la nueva coyuntura política que vive Euskal Herria «no se puede permitir que se siga sin poder denunciar la tortura, que determinados partidos callen ante esta práctica y la utilicen como método de venganza y represión».