Los responsables directos de aquella masacre fueron dos venezolanos (Freddy Lugo y Hernán Ricardo) y dos cubanos (Orlando Bosch y Luis Posada), éstos últimos pertenecientes al núcleo más duro del lobby anticastrista ubicado en EEUU. Hoy, 30 años después, la Administración de George W. Bush sigue protegiendo a Luis Posada en su territorio, negándose sistemáticamente a las solicitudes de extradición que le hace el Gobierno de Venezuela para llevarlo ante la justicia.La operación se fraguó en sus últimos detalles en Caracas. Orlando Bosch, un conocido contrarrevolucionario en el exilio con un largo historial delictivo por sus ataques a intereses cubanos, contacta con Luis Posada, también cubano exiliado (antiguo colaborador de la policía de Batista, agente de la CIA y miembro de la DISIP la policía secreta venezolana), y juntos deciden realizar una acción de envergadura contra el Gobierno de Fidel Castro, mucho más dura que las llevadas a cabo hasta entonces.
Contratan para ello a los mercenarios Freddy Lugo y Hernán Ricardo, fotógrafos ambos del diario “El Mundo”, y les encargan que coloquen una carga de explosivo C4 en el servicio de un avión de Cubana. La aeronave sigue una ruta con varias escalas y lo único que deben hacer los dos activistas es colocar un temporizador para que la bomba estalle en pleno vuelo, una vez que ellos se hayan bajado en un aeropuerto intermedio. Lugo y Ricardo suben al avión en Puerto España (TrinidadTobago), y descienden en Bridgetown (Barbados). Cuando la nave despega rumbo a Kingston (Jamaica), la suerte de los pasajeros está ya echada: a los 8 minutos se oye una primera explosión, y 3 minutos después otro estallido. El avión se precipita al océano ante la mirada atónita de varios turistas que contemplan horrorizados la escena desde varias playas cercanas.
Rapida detención
El hecho de que los dos mercenarios venezolanos sólo hubieran recorrido el trayecto intermedio entre las escalas de TrinidadTobago y Barbados los puso inmediatamente en el punto de mira de las primeras pesquisas policiales. Esta circunstancia, unida a la torpeza y el nerviosismo de Hernán Ricardo que ya en el mismo avión se había quedado atascado en el WC mientras colocaba la bomba llevó a la rápida detención de ambos a las pocas horas del sabotaje (Orlando Bosch y Luis Posada serían arrestados una semana más tarde). En efecto, Ricardo había sido muy poco discreto tras bajarse del avión en Bridgetown, acudiendo primero a la embajada de EEUU, y realizando luego sendas llamadas desde el vestíbulo del hotel donde se alojaban sus jefes en Caracas, llamándolos además por su verdadero nombre. Por si esto fuera poco, habló del atentado con un taxista, y ya cuando lo fueron a detener confesó ser agente de la DISIP (en los interrogatorios dijo pertenecer a la CIA).
La policía de TrinidadTobago llegó así a conocer en un abrir y cerrar de ojos tres identidades diferentes de Ricardo: la que había salido de su boca; la que llevaba en su pasaporte falso; y la verdadera. Años después, ya en la cárcel, llegaría a vociferar la frase que le haría famoso: «Nosotros pusimos la bomba, ¿y qué?».
Fue precisamente esa frase la que utilizó la periodista venezolana Alicia Herrera como título de su libro sobre el atentado de Barbados, publicado en 1981: el único que se ha escrito hasta hoy sobre el tema, y durante muchos años un testimonio imprescindible para entender lo sucedido.
Alicia Herrera se sirvió de su relación profesional con Freddy Lugo para realizar innumerables visitas a la cárcel militar de San Carlos, en Caracas (lugar donde estaban detenidos los cuatro autores del crimen), y ganarse la amistad interesada de Orlando Bosch, quien se retrató a lo largo de varias sesiones como el verdadero cerebro de la operación.
Mientras, en la calle, el proceso judicial contra los responsables del atentado avanzaba a duras penas: la jueza ordinaria Delia Estava era objeto de continuas recusaciones, y el juez militar Elio García recibía varias amenazas de muerte (posteriormente, su hijo moriría en un atentado al más puro estilo de la mafia siciliana).
Finalmente, el 26 de septiembre de 1980, el Consejo de Guerra que seguía la vista contra los cuatro acusados los absolvió en una polémica sentencia que provocó gran escándalo dentro y fuera de Venezuela.
Nueva fase dilatoria
La absolución no significaba que fueran a salir automáticamente a la calle: el proceso entraba a partir de ese momento en una nueva fase dilatoria que se iba a alargar durante tres años más, al ser necesario el dictamen de la Corte Marcial del país, que sin embargo se iba a inhibir del caso en 1983.
En 1987 (transcurridos ya once años de un juicio plagado de irregularidades) un tribunal civil de Caracas condenaba a Freddy Lugo y Hernán Ricardo por su participación en el sabotaje del avión cubano. Pero para entonces hacía ya dos años que Luis Posada se había fugado de la cárcel y del país, retomando sus actividades delictivas, concretamente en labores de suministro de armas a la contra nicaragüense.
No es cierto como tantas veces han querido hacer ver después sus abogados que la justicia venezolana lo absolviera de nada: simplemente fue dado por prófugo, lo que evitó al tribunal el trago de tener que pronunciarse sobre su caso, dadas las altas presiones políticas que se estaban ejerciendo. De hecho, Bosch fue declarado inocente en esa misma sentencia, y puesto en libertad, a pesar de ser tantas las evidencias en su contra; prueba de ello es que él mismo se ha jactado a menudo en público, posteriormente, de haber planeado la voladura del avión de Cubana, y de que no tendría empacho alguno en volver a hacerlo si fuera necesario la última vez el 5 de abril de 2006, en una entrevista concedida a Juan Manuel Cao en el canal 41 de Miami.
Lo cierto es que Freddy Lugo y Hernán Ricardo los autores materiales del atentado ya han cumplido a día de hoy su condena en la cárcel, mientras que Orlando Bosch y Luis Posada verdaderos instigadores de la masacre se han dedicado durante los últimos veinte años a continuar su cruzada contra Cuba con total impunidad, dentro y fuera de EEUU.
En concreto, a Luis Posada se le vincula con la campaña de atentados a hoteles en La Habana acaecidos en 1997 (en los que murió un joven turista italiano), y también con el intento de matar a Fidel Castro tres años después durante la Cumbre Iberoamericana de Panamá. Por este último delito se le condenó incluso a varios años de cárcel en abril de 2004, pero una vez más se zafó de la justicia, al decidir indultarlo (a espaldas de la ley) la entonces presidenta del país, Mireia Moscoso, tan sólo cuatro meses después. El culebrón Posada continúa a partir de marzo de 2005 en territorio estadounidense, una vez que entra ilegalmente en el país procedente de México, por vía marítima; según sus abogados, en busca de asilo, algo que podría comprometer seriamente a la Administración Bush.
El tema despierta las primeras voces críticas dentro del país: en un editorial publicado el 10 de mayo de ese mismo año, “The New York Times” afirma que «en nombre de la credibilidad, la coherencia y la justicia, el gobierno de EEUU debe arrestar y extraditar al terrorista Luis Posada Carriles».
Pero Luis Posada campea a sus anchas por Miami, incluso después de que el 13 de mayo Caracas solicite oficialmente su extradición a Washington, para su enjuiciamiento por la voladura del avión de Cubana. Llega a permitirse la osadía de ofrecer una rueda de prensa el 17 de mayo de 2005, lo que fuerza a los agentes federales a detenerlo a la salida de la misma y llevarlo a un centro de arresto para personas con problemas migratorios. En realidad, todo es una farsa: EEUU no tiene intención de entregar a Posada a Venezuela (menos aún a Cuba), y para ello utiliza el argumento de que en esos países podría ser torturado (precisamente él, torturador profesional durante años en la DISIP). El juez de inmigración William Abbott emite entonces una orden de deportación abierta contra Luis Posada y anuncia que comienza la búsqueda de un tercer país que acoja al criminal, siempre que éste no sea ni Venezuela ni Cuba.
El «turista» posada
Hoy, más de un año después de esta orden de deportación, EEUU no ha conseguido ningún destino para el «turista» Posada, y es poco probable que lo consiga en el futuro, so pena de un escándalo sin precedentes a escala internacional. Hasta el propio Freddy Lugo, que ofreció recientemente una entrevista desde su casa en Caracas rompiendo 30 años de silencio, ha pedido la extradición de Luis Posada a Venezuela, lo que da una idea de la clase de persona a la que se enfrenta la justicia en este caso.
Entretanto, es la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas la que tiene bajo su custodia a Posada, ahora mismo en el centro de detención de El Paso (Texas); en una carta fechada el 22 de marzo de 2006, y remitida al propio Luis Posada, la Agencia de Inmigración estadounidense informa a su «huésped» de las razones que le llevan a mantenerlo detenido, y que pueden resumirse en una sola: se trata de una cuestión de Estado. «Dado su largo historial de actividades delictivas y de violencia donde murieron civiles inocentes, su puesta en libertad representaría un peligro tanto para la comunidad como para la seguridad de EEUU», explica la misiva, en la que se hace además un somero repaso de las andanzas de Luis Posada desde 1976.
Es el último subterfugio de Washington para no cumplir con su deber de extraditar al cubano, en un caso vergonzoso que demuestra a las claras el doble rasero de Estados Unidos en su supuesta lucha «contra el terrorismo». -
