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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-11-15
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La defensa tilda de «tendenciosa» la labor de los policías
Para los «peritos» de la UCI, el coro Euskeria es «muy próximo a los postulados de KAS», y tener recibos de la peña Bixente Lizarazu Taldea sirve para «corroborar» imputaciones. La sesión de ayer volvió a servir para evidenciar la parcialidad de un trabajo que la defensa calificó de «tendencioso».

MADRID

En la sesión de ayer, los letrados Kepa Landa y Jone Goirizelia interrogaron a los agentes de la UCI sobre los informes individualizados de las personas acusadas en la pieza de las empresas, haciendo especial hincapié en los efectos que se habrían incautado en sus domicilios y centros de trabajo, y que los policías calificaron de «especial interés para la investigación» o «incriminatorios».

Documentos y bienes que en la mayoría de los casos ni siquiera tenían relación con la causa y que, como quedó de manifiesto, nada tenían de incriminatorio. Así, los letrados enumeraron un listado que incluía desde referencias manuscritas sobre una expedición montañera al Himalaya a facturas de luz y agua, pasando por recibos de la OTA, albaranes y documentos mercantiles legales ­de actividades como la venta de sardinas con tomate o aparejos de pesca­, mapas turísticos de Guatemala, Perú o Córcega, e incluso recibos de la peña Bixente Lizarazu Taldea.

«¿Han investigado ustedes qué es Bixente Lizarazu Taldea?», preguntó Goirizelaia a uno de los «peritos», que respondió negativamente. «¿Y si le digo que Bixente Lizarazu fue un jugador del Athletic, y que se trata de una peña?». El policía reconoció que no lo sabía, pero siguió insistiendo en que podía tener interés en la causa.

De hecho, en los informes policiales se afirma que ese tipo de efectos personales «corroboran» el contenido incriminatorio de su investigación, aunque ayer sus autores no acertaron a explicar en qué.

«¿Me pueden decir qué aportan estos documentos a la causa? ¿Dónde está el contenido incriminatorio?», inquirió en su turno Landa. Uno de los interrogados intentó defenderse afirmando que su técnica consiste en «seleccionar lo máximo posible», pero que «ante la duda, nos llevamos lo que podemos, y luego ya se descartará o no». No explicó, en cualquier caso, por qué los incluían como «documentos de especial interés para la investigación» y por qué no habían sido «descartados» ni devueltos a sus dueños.

Un coro «cercano» a KAS

Este no fue el único argumento que expuso ayer la defensa para poner en entredicho la labor de los agentes de la UCI. Y es que, en el informe de Bigarren Ibarra, su autor se refiere a una carta remitida por Txente Askasibar a otra persona en 1993, en el que el acusado se refiere a la posibilidad de que él e Ibarra pudieran participar en un proyecto «importante».

Los «peritos» acusan a Askasibar e Ibarra de dirigir Gadusmar aún sin constar formalmente como responsables de la empresa y, queriendo hacer valer esa tesis, el informe afirma que al hablar de ese proyecto «se refiere a Gadusmar S.L.».

Lo que pasa es que esta sociedad se constituyó en 1994, e incluso la UCI centra su investigación sobre su presunta participación en el «entramado financiero» al periodo posterior a 1996. «¿Cómo puede sostener que en 1993, el señor Askasibar, con una bola de cristal pudiera decir que Gadusmar iba a ser un proyecto importante en 1996?» preguntó Landa al autor del documento. «¿No cree que al hacer este informe fue tendencioso?» agregó el letrado, a lo que el interpelado replicó que «no soy tendencioso».

En otro de los informes, el que hace referencia al propio Askasibar, se menciona al coro Euskeria de Bilbo, y se afirma que en esta agrupación coral «cultura y folclore se mezclan con una visión de la problemática de Euskal Herria muy próxima a los postulados de KAS».

Landa también preguntó a su autor si «usted, cuando estaba haciendo este informe, ¿actuaba con imparcialidad?». «Absolutamente», respondió el «experto» policial.

Otro ejemplo de esta «imparcialidad» se pudo ver en el documento elaborado sobre Juan Pablo Dieguez. Se dice, entre otras cosas, que «entró en contacto telefónico con un miembro de ETA», y que detectaron «al menos dos citas» con esta persona que consideran militante de la organización armada. Sin embargo, como el propio acusado explicó y ayer recordó su letrado, en el marco de su actividad comercial en el Estado francés, Dieguez tuvo que arreglar algunos papeles con la Seguridad Social, y al necesitar un traductor de francés, se valió de esta persona, para que le acompañara a la sede de la Seguridad Social de Baiona. Todo esto está acreditado y así consta en los documentos oficiales incautados al procesado, pero los policías no tuvieron a bien mencionarlo.



La plataforma pro Uruñuela denuncia la duración del juicio
Martxelo DIAZ
IRUÑEA

La plataforma en apoyo a Pepe Uruñuela ha convocado diversos actos coincidiendo con el primer aniversario del inicio del juicio, entre los que destaca una concentración el día 21, a las 20.00, en la calle Mercaderes de Iruñea.

Para el día 16, han organizado una mesa redonda sobre el sumario 18/98 en la Casa de Cultura de Burlata, en la que participarán Angel Ruiz de Erenchun, ex decano del Colegio de Abogados de Iruñea; Rafael Calderón, presidente de la Asociación Catalana de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos; Natxo Muñagorri, profesor de la UPV, y el propio Uruñuela.

«12 meses de condena»

Los integrantes de la plataforma Gu gara Pepe destacaron que el año trascurrido «supone para Pepe y para el resto de encausados una condena complementaria de 12 meses que nada le redimirá».

«Cuando absuelvan a Pepe, no puede ser de otra manera, ¿le servirá este cumplimiento de pena para cualquier otro delito que pudiera cometer en su vida? ¿Se lo anotarán en cuenta?», preguntaron.

En este sentido, denunciaron que la obligación de acudir a Madrid para estar presente en todas las sesiones del juicio «le obliga a desatender su trabajo. Y su trabajo, de abogado, consiste en defender derechos de muchos ciudadanos. De manera que también la vista de este juicio puede suponer la condena de cientos de personas que no se lo merecen».

Junto a ello, los integrantes de la plataforma Gu gara Pepe cifraron en 24.000 euros los gastos que el juicio ha ocasionado a Uruñuela y destacaron que ha contado con el apoyo de una gran red de solidaridad.



Documentos de HB entre el material de «interés»

I.B.
MADRID

Entre los documentos de «especial interés» que los policías incautaron a José Luis García Mijangos se encuentran documentos de Herri Batasuna destinados al debate entre la militancia. «¿En 1998 HB era un partido legal?», preguntó Jone Goirizelaia al autor del informe. «Sí» respondió. «¿Y en el 99?». «También». «¿Sabe cuándo fue declarado ilegal?», «¿Cuándo se suspendieron sus actividades?». «No». La letrada preguntó entonces si conocía que la formación abertzale tenía cargos públicos, que como cualquier otro partido elaboraba documentos para que fueran debatidos y si sabía que la investigación de un partido legal requiere de autorización judicial y que puede ser ilegal, según marca la Constitución española. «Puede ser», respondió el «perito». «¿Y qué interés tenían esos documentos para esta causa? ¿No estarían investigando a HB, que era un partido legal?,» apuntó Goirizelaia. El policía respondió que no, pero no explicó dónde radicaba entonces el interés de esos documentos.



Coloquio sobre el juicio en el CAUM
La plataforma de solidaridad con los afectados en el sumario 18/98+ de Madrid, organizó el martes una charla en la sede del Club de Amigos de la Unesco con motivo del aniversario del juicio. En el acto, en el que intervinieron los procesados Jexux Mari Zalakain, Elena Beloki e Imanol Iparragirre, se subrayó el carácter político de este macrosumario «que puede encuadrarse en la tesis de que contra Euskal Herria vale todo». También se señaló que «si nunca ha tenido sentido», «menos aún» en el actual contexto político. -


 
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