A mediados del pasado mes de octubre tuvo bastante repercusión mediática la decisión del PNV de retirar su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PSOE y de votar en contra del resto de enmiendas presentadas, garantizando así que las cuentas de Zapatero continuaran su trámite parlamentario. El presidente del EBB, Josu Jon Imaz, afirmó que el PNV había tomado esa decisión porque recogía «la renovación continuista de la Ley del Cupo», que debería fijarse antes de fin de año. Menos eco han tenido las declaraciones efectuadas este mismo jueves por la vicelehendakari del Gobierno de Lakua, Idoia Zenarrutzabeitia, en las que denunciaba la «falta de respuesta» del Ejecutivo español a sus propuestas para negociar la renovación del Cupo. Zenarrutzabeitia declaró en ETB que «aprobados los presupuestos en el Congreso, nos pusimos en contacto con determinadas instancias del Ministerio de Hacienda y vimos que lo que parecía avanzarse desde el punto de vista de la manifestación de una voluntad política no se materializaba en las propuestas». No es la primera vez que ocurre algo así. Cabría hablar incluso de la existencia de una fórmula de negociación del PSOE y del Gobierno de Zapatero, que no tiene inconveniente en avanzar algunas promesas cuando necesita salir de un apuro, pero luego recula y trata de renegociarlas para, si se lo permiten, obtener un beneficio añadido.

Este modo de actuar está teniendo también su incidencia en las conversaciones para formar la mesa de partidos. Batasuna apuntaba la semana pasada que cuando a finales de mayo se produjo una crisis por la citación de ocho mahaikides, el Partido Socialista adoptó una serie de compromisos, uno de ellos con fecha fijada, que no cumplió. Y también señaló que no le pasaba inadvertida «la experiencia catalana, ni por los contenidos que ‘se cepillaron en el Congreso’ ni por la falta de escrúpulos demostrada por el PSOE para incumplir promesas o compromisos adquiridos tanto con ERC como con CiU».

Teniendo en cuenta estos precedentes y atendiendo a los consejos ofrecidos por expertos internacionales en resolución de conflictos, la izquierda abertzale asegura estar poniendo un empeño extraordinario en que el arranque del proceso de conversaciones no deje ningún fleco que después, cuando eche a andar la mesa de partidos, acabe convirtiéndose en un atolladero.

Sin embargo, este celo de la izquierda abertzale que, según sus palabras, lo que pretende es asegurar el proceso, está siendo presentado como un obstáculo por otros partidos, especialmente por el PNV. Josu Jon Imaz declaró recientemente que «a aquellos que han hecho bandera de su esencialismo durante 30 años, les costará más» llegar a acuerdos, «porque no están acostumbrados a hacer política».

Quizá sería necesario definir qué es «hacer política». Porque da la impresión de que algunos partidos están afrontando el proceso de resolución del conflicto como si fuera la negociación de los presupuestos, una cuestión transitoria, en la que hay margen para las maniobras y las trampas, y donde si los arreglos no funcionan al final siempre queda la posibilidad de prorrogar las cuentas del año anterior. Probablemente no sea ése el concepto de «hacer política» que tiene la izquierda abertzale. Lo que está en juego no es una ley o un apaño parlamentario cualquiera. Lo que está sobre la mesa es la posibilidad de acabar con un conflicto que dura ya décadas. Eso es algo verdaderamente histórico, que exige acuerdos de fondo, con un grado de concreción en lo básico. Suena irresponsable refugiarse en la ambivalencia o en la «ambigüedad creativa» para buscar fórmulas con las que salvar momentáneamente las dificultades, con la reserva mental de que luego, una vez iniciado el camino, esas fórmulas sean corregibles por una de las partes.

Esto es algo muy serio, donde no puede repetirse el ejemplo de que se promete la renovación continuista del Cupo y cuando falta poco más de un mes para que expire el plazo en el que esa revisión debe darse la vicelehendakari esté todavía quejándose de que Madrid no responde a sus llamadas, lo que hace intuir una negociación apresurada condicionada por el calendario. -