Una solución pacífica y democrática del «conflicto vasco» sólo puede surgir del diálogo y el respeto a la voluntad del pueblo vasco. Eso quiere decir que, si es inaceptable que una parte ­minoritaria­ del pueblo vasco se vea forzada a vivir fuera de la monarquía española, más inaceptable es que otra parte ­mayoritaria­, se vea obligada a vivir dentro de dicha monarquía. La situación en Euskadi no es democrática, por mucho quienes la propician se autodenimonen «demócratas».

Una solución democrática tiene que restablecer la democracia en Euskadi. En esta Comunidad, artificialmente separada de la uniprovincial Navarra, una minoría vasca, amparándose en la fuerza del Estado español, impone su voluntad desde hace 27 años a la mayoría del pueblo vasco. El instrumento que legaliza esta injusticia es una Constitución que en la transición tras la muerte de Franco desconsideró las demandas del pueblo vasco y prohibió el derecho de autodeterminación, de forma aberrante en el derecho moderno. La situación es «constitucional», no democrática. En el enfrentamiento del movimiento popular vasco con la Constitución española, el polo democrático es la autodetermi- nación y el antidemocrático la Constitución.

Una solución democrática necesita el diálogo. Pero el diálogo exige transparencia y difusión de las razones y argumentos de todos los actores del conflicto. Sin embargo, la información en el Estado español sobre la realidad del conflicto vasco contiene tal grado de unilateralidad que se puede calificar de «adoctrinamiento». La estrategia de «los demócratas» respecto a los movimientos sociales vascos que defienden el derecho de autodeterminación es una estrategia de guerra. Su primera víctima, después de las personas y las familias afectadas de ambos bandos, es cualquier tipo de información veraz y plural. La censura de la información a la población española por parte de los constitucionalistas constituye un formidable obstáculo para el diálogo entre el pueblo vasco y el resto de los pueblos y ciudadanos del Estado español.

Hablar de diálogo significa hablar con quienes quieren dialogar en base a unas reglas de respeto a la voluntad popular y reconocimiento, si no de la razón, al menos sí de las razones de los otros. Pretender que una estrategia de diálogo cuente con todos los partidos es razonable. Pero en el bipartidismo monárquico y constitucionalista actual es una quimera. No obstante, proponer un diálogo con la presencia de todas las fuerzas políticas es una quimera necesaria porque las personas amantes de la democracia y de la paz deben comprobar que, dado que el problema para el PP es la democracia y el diálogo, el problema para la democracia y el diálogo es el PP. Un democratismo formal conduce a legitimar que una minoría (el PP) tenga capacidad de veto sobre las mayorías, en Euskadi y en el Estado Español. Este democratismo propone, res- pecto al problema no resuelto de las naciones del Estado español, una segunda transición política tan totalitaria como la primera. Treinta años después de comprobar los dolorosos efectos del desembarco del franquismo en la monarquía, deberíamos evitar entre todos este nuevo intento de impedir la democracia al precio político de mantener el conflicto.

El diálogo y la voluntad de paz pueden abrir vías para una solución democrática del conflicto. Pero condicionar el diálogo a que participe en él un partido de extrema derecha cuya bandera es llevar el conflicto al límite, no sólo es una ilusión, sino también un error o algo peor, una coartada.

El PP, si puede evitarlo, no formará parte de una solución democrática porque es antidemocrático. El PP es el espacio político donde habitan ­y tienen hegemonía­ los poderes fácticos del franquismo. Su proyecto consiste en la prolongación de cuarenta años de nacionalismo españolista y fabricación de mayorías silenciosas descomprometidas políticamente y aspirantes a medrar como siervos. Este espacio político se ajusta «democráticamente» con su propio espacio electoral. Cuarenta años de indignidad y vasallaje bajo el franquismo se expresan en la monarquía parlamentaria bajo un consumismo motorizado, hipotecado y precario. Los diez millones de votos del PP cuentan con un largo adiestramiento de servidumbre y casticismo: «¡vivan las cadenas!». Las cadenas de siempre: monarquía, iglesia, capital y ejército, hoy digitales y globalizadas. Este populismo reaccionario que abortó el impulso modernizador y democrático de la II República mediante un baño de sangre, hoy masculla de nuevo sus amenazas.

El diálogo pacífico y democrático para resolver el problema de Euskadi exige prudencia, pero también firmeza. No se puede imponer ninguna solución con el apoyo del 51% de los votantes y ninguna incluye, sobre todo, a la solución actual, impuesta por una minoría de ciudadanos vascos con el apoyo de la monarquía española. Quien se propone, como el PP, mantener una situación de hecho en base a la represión, la manipulación y la amenaza de desestabilización no es un candidato al diálogo.

Partiendo de aquí, basar el diálogo en que el PP lo acepte en el marco de una «democracia contemplativa», es un camino sin salida. El PP no apoyará ninguna reforma democrática salvo que no tenga otra opción y si la apoya, no lo será. Es necesaria otra estrategia. Dicha estrategia exige la reconstrucción de la izquierda que, en su degradación actual, es el principal soporte del PP. Sólo una democracia participativa obligará al PP (y al PSOE) a recorrer el camino del diálogo. Sólo del diálogo podrá salir una solución democrática que incluya los derechos de todos. Sólo del reconocimiento de los derechos democráticos del pueblo vasco y del respeto a su voluntad se crearán las condiciones políticas para el abandono de las armas por parte de ETA. En Euskadi existe un movimiento popular que activa la participación pero no en el resto del Estado. Del aguante del movimiento popular vasco depende la solución democrática y pacífica del conflicto. El mejor apoyo al diálogo y la democracia en Euskadi consiste en organizar movimientos populares contra los abusos del bipartidismo monárquico y neoliberal en todos los territorios del Estado español. -