Campoamor pedirá que los escoltas se centren en controlar a los maltratadores
Colectivos de escoltas privados se reunirán en setiembre con la asociación Clara Campoamor y con Emakunde para valorar la ampliación de sus servicios de protección a todas las mujeres afectadas por la violencia de género, medida que quieren generalizar en el Estado español.
Leticia MELÓN
La asociación Clara Campoamor tiene previsto reunirse en el mes de setiembre con las organizaciones de escoltas que funcionan en Hego Euskal Herria para analizar la protección de las víctimas de violencia contra las mujeres. En ese encuentro, Clara Campoamor incidirá en la necesidad de que esta vigilancia se concentre, sobre todo, en los maltratadores. La presidenta de la asociación, Blanca Estrella Ruiz, ha expresado ya su disposición a reunirse con los escoltas, quienes, por su parte, han anunciado su intención de trasladar a Clara Campoamor y a Emakunde su propuesta de generalizar la protección a las víctimas de la violencia de género.
La necesidad de que la vigilancia sea «para los maltratadores, no para las maltratadas» formará parte de la propuesta que llevará a esa reunión, según explicó ayer Ruiz, quien recordó que Clara Campoamor colaboradora desde hace tiempo con diversas organizaciones de escoltas. «Los escoltas harían una buena labor y están preparados para ello», puntualizó.
En estas conversaciones, se analizarán las posibilidades reales de aplicar esta propuesta y, además, se planteará impartir un curso de formación en la CAV, similar al que ya se ha realizado en Nafarroa.
Explicó que este tipo de medidas debe aplicarse como «control de los maltratadores», con «mandato judicial» y con «control judicial», cuando «no sea posible que funcionen otras medidas, como las pulseras».
«Entendemos que no puede haber ni policías ni ertzainas dedicados en exclusiva a seguirles, pero los escoltas harían una buena labor y están preparados para ello», manifestó.
Protección insuficiente
Por su parte, las asociaciones Escoltas en Activo del País Vasco -funciona en la CAV-, ASP92 -en Nafarroa- y Prodeen matizaron que la utilización de guardaespaldas privados para casos de violencia de género no es una práctica nueva en Euskal Herria, donde cerca de 45 profesionales vienen realizando tareas de protección de este tipo. «Evitar la lacra social que supone el asesinato de docenas de mujeres» es uno de los objetivos que, según indicaron ayer, tienen marcada esas asociaciones, que reclaman que esta protección se generalice en el Estado español.
El año pasado, en el Estado español murieron 77 mujeres por violencia de machista y en lo que ha transcurrido de 2011 ya son 33 las víctimas mortales. «De las 33 mujeres asesinadas, 10 habían presentado una denuncia y 7 pidieron medidas de protección que les fueron facilitadas pero que, lamentablemente, fueron insuficientes», recordaron los citados colectivos.
Según afirmaron, en la actualidad, hay «más de 500 escoltas cualificados» para poder realizar estas tareas de protección, y en un periodo relativamente corto de tiempo todos ellos «habrán realizado el correspondiente reciclaje, por lo que podrían dedicarse a estas labores en cualquier lugar».
«Sólo hace falta voluntad política para evitar estas muertes -añadieron-. Por nuestra parte, los escoltas estamos a la espera de que las instituciones den luz verde para ponernos a la tarea».
Aunque ayer no citaran la cuestión, este planteamiento viene precedido de la queja de las asociaciones de escoltas de que se está prescindiendo de sus servicios para proteger a «personas perseguidas por la violencia terrorista». Algunos de estos colectivos han criticado al Gobierno de Lakua por reducir el número de escoltas privados dedicados a estas labores.
Fuentes del Departamento de Interior, que dirige Rodolfo Ares, restaron peso a esas críticas al subrayar que las «personas amenazadas» continuarán contando con «la protección necesaria».
Actualmente son 45 los guardaespaldas que realizan tareas de protección a mujeres maltratadas en la CAV, según datos aportados por las propias asociaciones de escoltas privados.
La propuesta de las asociaciones de escoltas fue recibida con cautela por el Gobierno de Nafarroa. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez, indicó que «habría que analizar con mayor detenimiento» el planteamiento de generalizar la protección a víctimas de violencia de género «para saber las necesidades, si es que las hubiera o no».
Comentó que «si va a disminuir» el trabajo de los guardaespaldas «porque están dedicados a la protección de potenciales objetivos de ETA y sus entornos, lo único que podemos decir es que es una buena noticia, en la medida en que no es necesario que haya tanta gente protegida». «Esto quiere decir que vamos en el buen camino -añadió-, sin bajar la guardia. Hasta que ETA no se disuelva, siempre hay que tener la necesaria prevención».
El líder del PSN y «número dos» del Gobierno de Yolanda Barcina manifestó que, en todo caso, «la atención a la violencia de género dentro de los parámetros de trabajo del departamento de Interior y Policía Foral va a tener una gran importancia». «Es una lacra importantísima que tenemos que atacar por todos los medios, aparte de las campañas preventivas», destacó. GARA
La asociación Clara Campoamor considera que el seguimiento especial a los agresores deberá hacerse bajo «mandato judicial» cuando no sean viables otras medidas de protección a la mujer.
Los colectivos que funcionan en Hego Euskal Herria afirman que disponen de «más de 500 escoltas cualificados» que podrían realizar esa labor «en cualquier lugar de España».
