WASHINGTON
Tras cuatro años de confidencialidad, el Gobierno de Estados Unidos se ha visto obligado a divulgar los nombres de unos 300 detenidos que están o han estado en Guantánamo (Cuba), de los alrededor de medio millar que están recluidos actualmente en esa base naval que EEUU tiene en Cuba.
El Departamento de Defensa ha acatado la sentencia del juez estadounidense Jed Rakoff, quien tomó en consideración una demanda presentada por Associated Press (AP) y ordenó en febrero la divulgación de esa información. Esa agencia de noticias apeló a la Ley de Libertad de Información para solicitar la publicación de la identidad de los prisioneros.
Numerosas organizaciones de derechos humanos llevan años solicitando la divulgación de los nombres de los presos, con el argumento de que el secretismo puede permitir los abusos.
Sin embargo, hasta ahora, sólo había salido a la luz la identidad de unos pocos presos, a través de abogados o familiares. Además, el Gobierno había revelado algunos nombres, incluyendo los de los únicos diez presos contra los que ha presentado cargos en tribunales militares especiales. No obstante, los datos sobre el resto habían sido mantenidos en secreto desde 2002, cuando, después de invadir Afganistán, Washington empezó a recluir detenidos, con la judicialmente poco ortodoxa acusación de ser «combatiente enemigo» de Estados Unidos.
Valiéndose de esta argucia legal, el Gobierno de George W. Bush ha conseguido evadir la aplicación de la Convención de Ginebra, el tratado internacional que contempla los derechos que les corresponden a los prisioneros de guerra.
La información difundida por el Pentágono incluye la identidad y nacionalidad de la mayoría de los detenidos, pero no es una lista, sino que forma parte de más de 5.000 páginas de documentos sobre las audiencias realizadas en la base naval por juntas militares que revisaron sus casos. Según señaló Bryan Whitman, portavoz del Pentágono, la identidad de los presos que se han negado a comparecer ante los tribunales especiales no aparecen en esas páginas. Con los datos recogidos en estos papeles, se podrá saber las circunstancias personales y los detalles acerca de los arrestos de muchos de los secuestrados en esa base militar.
Estas revelaciones, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ayudarán a determinar si los detenidos representan una amenaza real para la seguridad de EEUU, tal y como afirma el Gobierno de ese país.
Whitman explicó que los documentos recogen lo ocurrido en las audiencias, en las que una junta militar revisó el caso de cada detenido para determinar si debía seguir siendo considerado un «combatiente enemigo» y mantenido en la cárcel de forma indefinida.
