MADRID
Los funcionarios ya no tendrán su cargo asegurado, aunque sí su puesto de trabajo, y se les podrá designar otra labor en el caso de que «no rindan» en el puesto que ocupan y no obtengan los resultados esperados, anunció ayer el ministro español de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. «La continuidad de los puestos dependerá de lo que se haga en éstos», con lo que desaparecerá «la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe éste como se desempeñe», indicó.
Esta es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que también impedirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos tener una tasa de empleo temporal superior al 10% frente al 30% que existe actualmente.
Sevilla, quien presentó el anteproyecto en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, añadió que se dispondrá de mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los funcionarios, pero, matizó, «se descarta su despido».
Carrera y retribuciones
El texto recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, «para motivarlos» y «dignificar» su profesión. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo serán fijadas por cada administración.
El anteproyecto propone también crear la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. Asimismo, a las pruebas de acceso y selección tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
Sevilla confió en llegar a un acuerdo para sacar adelante la propuesta porque, dijo, ante la ausencia de una normativa reguladora del empleo público, «aprobar algo es mejor que nada».
