MADRID-DONOSTIA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer para Arnaldo Otegi prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros como «inductor» de los «hechos delictivos» acaecidos durante la jornada de huelga y movilizaciones del pasado 9 de marzo y que van desde la colocación de silicona en cerraduras hasta las bombas colocadas por ETA en cuatro carreteras. El portavoz de Batasuna fue trasladado por la noche a la cárcel de Soto del Real y permanecerá privado de libertad hasta que abone esa cantidad. En el mismo auto, Grande-Marlaska impone sendas fianzas de 200.000 euros a Juan Mari Olano y Juan Joxe Petrikorena, que permanecen presos por la misma causa desde los pasados 15 y 16 de marzo, respectivamente. Una vez que queden libres, los tres deberán personarse diariamente entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde en dependencias de la Ertzaintza.
El portavoz independentista abandonó sobre las doce menos veinte del mediodía su domicilio de Elgoibar, donde ha permanecido durante los últimos veinte días debido a su enfermedad y a la orden dada por Grande-Marlaska a la Ertzaintza, que ha estado vigilando la vivienda ininterrumpidamente. Lo hizo acompañado por los mahaikides Jone Goirizelaia que además es su letrada y Karmelo Landa.
Apoyo de sus convecinos
En la calle le esperaban varias decenas de personas tras una pancarta con el lema «Errepresioa ez da bidea. Bakea Euskal Herrian. Arnaldo, herria zurekin» y que le mostraron su apoyo con gritos de ánimo y aplausos. Otegi respondió esbozando una sonrisa y alzando el puño antes de montarse junto a Goirizelaia en el coche que le iba a llevar hasta Madrid. En la capital española le dispensaron un recibimiento bien diferente. Los minutos previos a su llegada estuvieron llenos de tensión, ya que medio centenar de ultraderechistas se situaron a la entrada de la sede judicial con pancartas como «Otegi asesino» y «Euskal Presoak Cantabricora». Algunos portaban banderas españolas con el aguila franquista.
Antes de que llegara, muchos de los imputados en el macrosumario 18/98, que habían acudido a respaldar al mahaikide, se cruzaron a escasos metros de este grupo, que entonces rondaba la veintena y cuyos componentes comenzaron a insultarles, llegando a producirse algún forcejeo. Como Otegi no aparecía, los congregados arremetieron verbalmente contra medios de comunicación, periodistas y cámaras allí presentes.
Cuando llegó el portavoz de Batasuna, arreciaron los gritos de «asesino» y las consignas como «Con estos socialistas, país tercermundista», «Todos a una, puta Batasuna», «Otegi muérete», «Marlaska, no te achiques», «Euskal presoak, al Cantabricoak» y «Dónde están, no se ven los cojones de HB» o «España, aguanta, el pueblo se levanta». Tampoco ahorraron insultos contra el fiscal general delEstado, Cándido Conde-Pumpido.
El líder abertzale, acompañado por su letrada y por los también abogados Zigor Reizabal y Arantza Zulueta, repitió el mismo gesto que en su localidad natal: sonrisa y puño en alto. Los ultraderechistas comenzaron a arrojar objetos, entre ellos un mechero y una botella de agua, que no impactaron en el grupo de vascos.
Mientras, la Policía parecía más preocupada de controlar a los medios. Cuando Otegi entró en el edificio, la situación, lejos de calmarse, siguió al rojo vivo. Dos fotógrafas fueron golpeadas y recibieron insultos sexistas. Finalmente, los agentes intervinieron y hubo algunos forcejeos, aunque los ultras no se marcharon.
Pocos minutos después fue apedreado el autobús en el que viajaban los representantes de cincuenta y cinco movimientos sociales que se habían desplazado hasta Madrid para mostrar su respaldo a los procesados en el sumario 18/98.
Tras haberse concentrado por la mañana ante la Casa de Campo, por la tarde decidieron acercarse hasta la calle Génova donde se encuentra la Audiencia Nacional para apoyar a Otegi. Pero el autobús fue apedreado y golpeado por un grupo de ultras. Según relataron a GARA, no hubo que lamentar daños personales.
«Una oportunidad real»
Según fuentes jurídicas citadas por las agencias de información, Otegi defendió su labor política y manifestó ante el juez que «en términos humanos todos sabemos que construir un modelo de solución y paz es muy difícil», pero que «tenemos una oportunidad real para solucionar los problemas». Por su parte, la Fiscalía pidió prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, que se sumarían a los 400.000 que Otegi ya abonó el año pasado. Además, pidió que el dirigente abertzale comparezca a diario en dependencias de la Ertzaintza.
El Ministerio Público, que ayer estuvo representando por el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, no había solicitado anteriormente ninguna medida para las otras seis personas que ya comparecieron por la convocatoria de la huelga del día 9. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció el pasado día 10, tres días antes de la primera citación de Otegi aplazada hasta ayer por su enfermedad, que la Fiscalía pediría su ingreso en prisión incondicional.
En función de la declaración
Un criterio que mantuvo hasta ayer, cuando en su comparecencia en el Congreso de los Diputados se remitió al contenido de la declaración que prestara el propio procesado para adoptar una decisión definitiva. Por su parte, los representantes de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia pidieron el ingreso en prisión incondicional del dirigente abertzale. La tensión fue continua durante toda la tarde. Los ultraderechistas se pasaron horas increpando y sacando fotografías a los periodistas que estaban dentro del cordón policial.
Por su parte, Pernando Barrena y un grupo de procesados en el sumario 18/98 se hallaban en una cafetería cercana a la Audiencia Nacional. En un momento determinado, dos personas entraron en el local profiriendo «vivas» a España y gritando «muerte a los etarras».
Mientras se dirigían hacia el grupo de vascos con claras intenciones agresivas, iban tirando al suelo sillas y mobiliario. El grupo de abertzales repelió la agresión y se originó una pelea con contusionados por ambas partes, que fueron atendidos por el Samur. La Policía, con un amplio despliegue a escasos metros, identificó a los dos asaltantes y a algunas personas del grupo vasco, aunque no consta que se produjeran detenciones.
I.B.
MADRID
Una de las personas que acompañó a Arnaldo Otegi hasta la entrada de la Audiencia Nacional fue Pernando Barrena, quien quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros tras comparecer hace dos semanas ante el juez.
A las puertas del tribunal especial y sin conocer la decisión del magistrado, Barrena fue el encargado de transmitir a los medios la posición de Batasuna. El portavoz abertzale resaltó que el alto el fuego declarado por ETA «ha abierto un escenario de oportunidades para la paz», tanto en Euskal Herria como en el Estado español.
«Unas oportunidades que consideramos deben ser aprovechadas al máximo para poder poner en marcha un proceso de soluciones que lleve a un escenario de paz duradera. Hoy a la tarde en la Audiencia Nacional [por ayer], en la comparecencia de Arnaldo Otegi, vamos a tener la oportunidad de comprobar si el Gobierno español es corresponsable a la hora de poner en marcha un proceso de soluciones y que traiga la paz», subrayó.
Aseguró que la determinación de la izquierda abertzale «para alcanzar este escenario de paz en el cual el derecho de toda la sociedad vasca a decidir plenamente su futuro esté plenamente garantizado es una determinación total que va más allá y que va a estar por encima de cualquier eventualidad política y de cualquier agresión política, judicial o mediática que pueda darse».
Barrena insistió en que se trata de «una apuesta estratégica; la izquierda abertzale no va a fallar a la sociedad vasca en estos momentos en los cuales las posibilidades de abrir un proceso de soluciones reales están sobre la mesa y son más evidentes que nunca».
En todos los tejados
El portavoz de Batasuna manifestó que «en estos momentos la pelota está sobre el tejado de todos los agentes políticos, sociales e institucionales» de Euskal Herria, pero también «en el tejado de los agentes institucionales del Estado español. Es una responsabillidad compartida, tiene que ser un esfuerzo coral para afianzar las expectativas de paz y un escenario que respete la palabra de la sociedad vasca libremente expresada».
Para la formación independentista, la «prioridad» es «poner en marcha, sin prisas pero sin pausas, una mesa política de resolución del conflicto, una mesa que tiene que dibujar un escenario de transición entre el actual marco político y un nuevo marco político para los vascos y las vascas que se base en el respeto a la capacidad de decisión».
Siete personas en Madrid por convocar una huelga
Siete han sido las personas que han comparecido ante
Grande-Marlaska tras la jornada de huelga y movilizaciones del 9 de marzo, todos
acusados de ser «inductores de 108 actos violentos». La primera fue Juan Mari
Olano, que compareció el día 15, para quien el juez dictó prisión incondicional.
Al día siguiente declararon Juan Joxe Petrikorena, Pernando Barrena, Rafa Díez y
Arantza Zulueta: el primero fue encarcelado, la letrada quedó en libertad sin
medidas cautelares, y contra Díez y Barrena decretó prisión eludible bajo fianza
(100.000 euros para el primero y 200.000 el segundo), que debieron depositar en
una semana. El último en comparecer, antes de Otegi, fue Joseba Alvarez, quien
quedó en libertad después de que el juez rectificara y concluyera que no
participó en la rueda de prensa en la que se convocó la
protesta.
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