DONOSTIA

Nación. El Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya el 30 de setiembre empezaba: «La nación catalana se ha ido desarrollando en el transcurso del tiempo...» y el texto estaba en el articulado. El pacto entre Artur Mas (CiU) y el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, relega el término nación al preámbulo (con lo que pierde valor jurídico) y dice que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ciudadanas y ciudadanos catalanes, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria, a Cataluña como una nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad».

Derechos históricos. Se reconocen los derechos históricos como fundamento del autogobierno de Catalunya y de ellos se deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat.

Símbolos nacionales. Se reconocen los símbolos nacionales y se hace una mención implícita a los Países Catalanes. No obstante, la definición como «nacionales» de los símbolos se mantiene con una aclaración: derivan de nacionalidad, porque las referencias a nación se eliminan en todos los artículos.

Selecciones y consultas. Se suprime el fomento de las selecciones deportivas nacionales y el derecho a convocar referéndums.

Generalitat. Se acepta que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Catalunya, pero matiza que «se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución».

Espacio de referencia. En el texto del Parlament se decía que el espacio político y geográfico de referencia en Catalunya es la Unión Europea. El nuevo texto añade que también lo es el Estado español.

Lengua. El catalán aparece como lengua propia y oficial de Catalunya y se consagra el derecho y el deber de conocerlo junto a la otra lengua oficial en el territorio, el español. El artículo 6 dice que los poderes públicos de Catalunya deben establecer medidas para facilitar el ejercicio de este derecho y el cumplimiento del deber. También se refuerza la no discriminación lingüística.

Sin embargo, en el título sobre el etiquetado se refleja cómo se ha devaluado el valor original del catalán. La propuesta original decía que los poderes públicos habrán de velar porque conste «al menos en catalán». El nuevo texto redactado dice que se debe velar porque consten «también» en catalán. Estos derechos, además, no vinculan a la Administración del Estado español en Catalunya, como quería el Parlament, sino sólo a las administraciones de Catalunya. El Consejo de Garantías Estatutarias tutelará estos derechos y se podrán recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero no se creará una sala especial, como quería el Parlamento.

Poder judicial. Se consolida el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Catalunya, pero se le suprime la competencia en derecho mercantil y la función de casación en materia de derecho estatal. El nuevo Consejo de Justicia de Catalunya, como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial español ­con el añadido de que lo es de acuerdo con la ley orgánica del poder judicial­, podrá convocar concursos de jueces y magistrados por cubrir plazas vacantes, pero no en el caso de los fiscales, y el conocimiento «adecuado y suficiente» del catalán no será un «requisito», sino un «mérito», que no será «determinante». Los jueces y magistrados, los fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del registro civil, y el personal al servicio de la administración de justicia habrán de acreditar un nivel de catalán adecuado y suficiente. Todas las personas tendrán derecho a usar el catalán y a recibir toda la información oficial también en catalán.

Competencias. Se establece con más claridad las competencias que corresponden a la Generalitat y al Estado, lo que se ha denominado «blindaje». Corresponderá a la Generalitat la integridad de la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Las compartidas permitirán a la Generalitat desarrollar los reglamentos de las leyes de bases que fije el Estado, que se habrán de limitar a establecer principios, con algunas excepciones. La Generalitat podrá precisar los objetivos a los que se destinan las subvenciones del Estado y de la Unión Europea. Se han suprimido del texto el traspaso de la gestión de puertos y aeropuertos de interés general y la gestión de las prestaciones por desempleo. Se han conseguido avances en 58 materias, como en agricultura, comercio, cultura, derecho civil, inmigración (la Generalitat podrá otorgar los permisos de trabajo), traspaso de cercanías de Renfe, seguridad y trabajo.

Asuntos Exteriores. Se prevé que la Generalitat participe en las instituciones, los organismos y los procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias. La Generalitat participará en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten sus competencias, sea tomando parte en la formación de las posiciones del Estado como en las instituciones y organismos europeos. Se da rango estatutario a la delegación ante la UE, se podrán establecer oficinas en el exterior y la Generalitat podrá participar en los organismos internacionales competentes en materia de interés relevante en Catalunya, como la Unesco. Se suprime la petición de convertir Catalunya en circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento europeo.

Agencia tributaria catalana

La propuesta del Parlament preveía crear una agencia tributaria única que recaudara todos los impuestos de Catalunya y negociar el pago al Estado de una aportación por servicios y solidaridad. El modelo aceptado prevé un aumento de la cesta de impuestos cedidos y una agencia tributaria de Catalunya que tendrá competencia sobre los tributos propios y los cedidos totalmente. Habrá una inversión extraordinaria del Estado en infraestructuras durante 7 años según el PIB, pero no se hará de manera indefinida. -