A finales de este mes marzo se ha cumplido el XIV aniversario de nuestro despido de la UPV. Y precisamente este mismo mes ha aparecido en las librerías la que se puede calificar como versión oficial de la historia de esta universidad. Se trata de la obra “Eman ta zabal zazu. Historia de la UPV: 1980-2005”, cuyos autores son los profesores Santiago de Pablo y Coro Rubio Pobes.
En la citada publicación los autores nos han reservado un pequeño pero previsible espacio. Siguiendo los pronunciamientos de autoridades y órganos de gobierno se nos trata como a simples delincuentes, se nos acusa de utilizar métodos violentos y se califican las repetidas agresiones que sufrimos por parte de la Ertzaintza y los guardas jurados de legítimas medidas de defensa del «orden» universitario. Nuestra lucha se tilda de «cuestión personal» y se sostiene que la actitud de los universitarios ante nuestra permanente presencia es de «indiferencia generalizada». Todo lo dicho se adereza, además, con informaciones falsas y graves difamaciones en un intento de criminalizar nuestras acciones y pensamiento. O sea, la porquería de siempre, utilizando los epítetos habituales y las descalificaciones extraídas de las fuentes oficiales «de rigor».
Los dos historiadores muestran muy poca ecuanimidad a la hora de acercarse a un tema tan controvertido como el que nos incumbe, demostrando una ignorancia supina acerca de lo que representa el movimiento del que formamos parte. Adoptan un punto de vista en exterioridad y sumamente belicoso no sólo con las personas sino con la causa que defendemos. Una vez más, la UPV ha perdido una magnífica oportunidad de hacer algo de justicia con unas personas que han soportado toneladas de violencia institucional sobre sus espaldas. Lo sentimos por ella, aunque, a decir verdad, no nos sorprende mucho, ya que toda «historia oficial» no es más que el relato sin vida del imaginario estatal. El depósito en forma de registro excre- mental de los efectos producidos por el conflicto político, conflicto que, por su naturaleza, resulta irrepresentable.
El inicio del conflicto político laboral que nos llevó a la pancarta lo podemos datar en 1990, cuando un grupo de profesores asociados nos declaramos insumisos al contrato administrativo que nos abocaba a un futuro de precariedad y discriminación o a elegir el modelo funcionarial como vía única para permanecer en la universidad en condiciones laborales de cierta dignidad. Reivindicamos un contrato laboral permanente cuya exigencia había sido ya formulada con fuerza durante la transición por los profesores no numerarios (PNN). Aquí, en la UPV, esa reclamación fue defendida de forma mayoritaria en los claustros constituyentes de comienzos de los 80, como la columna vertebral clave del cambio de modelo universitario. En 1987 una huelga general por el contra- to laboral constituyó el antecedente más importante y cercano a nuestro plante definitivo.
En ese momento comprendimos que el fracaso de las experiencias mencionadas se había debido principalmente al hecho de que al final de todas aquellas amplias movilizaciones de antaño el colectivo de profesores implicados no había sido capaz de romper definitivamente con el sistema contractual vigente al no plantear su rechazo a través de la práctica insumisa. A partir de entonces comienza para nosotros una nueva etapa bajo los lemas del Profesorado Propio y la Autonomía Universitaria, al que posteriormente se añadiría el no a nuestros despidos, todos ellos recogidos en la simbólica pancarta que sostenemos.
Nuestra política ha consistido siempre en responder a todo aquello que entendíamos como imposiciones. Cuando nos despidieron en 1992 seguimos impartiendo clases solicitando un acuerdo con la UPV en el marco de la autonomía universitaria. Cuando nos sustituyeron por esquiroles, defendimos nuestra condición de profesores pidiendo que se cumpliese lo pactado y rubricado con el rector Goiriena de Gandarias en 1993. Cuando nos prohibieron el acceso al recinto universitario y sus instalaciones rechazamos esas medidas y reivindicamos el derecho a la libre circulación por el campus.
Hemos estado siempre abiertos al diálogo, la negociación y al acuerdo. Cuando la UPV demostró voluntad para resolver el conflicto, el acuerdo no se hizo esperar. Cuando, por el contrario, intentó imponernos en varias ocasiones una salida injusta con condiciones previas inaceptables, se encontró siempre con nuestra oposición.
Hemos apoyado y defendido todas las iniciativas institucionales y legales que permitían la creación de figuras propias de profesor contratado laboral. Hemos combatido y criticado, por el contrario, aquellas que, o bien no recogían figuras contractuales propias, o bien introducían aspectos gravemente discriminatorios para el profesor contratado.
Más de uno nos ha preguntado si un esfuerzo tan prolongado ha merecido la pena, si los frutos logrados compensan tantos años de sacrificio. Les respondemos que nuestra lucha, como cualquier movimiento de emancipación, no se puede evaluar exclusivamente por los resultados obtenidos. Su legitimidad se encuentra en su propia dinámica interna expresada en las decisiones tomadas, las arriesgadas apuestas, los compromisos adquiridos, las experiencias vividas y la perseverancia y tenacidad mostrados en el camino recorrido. Luchar por una causa justa es extraer consecuencias de unos enunciados de alcance universal poniendo en juego tareas que atañen al sentimiento, al pensamiento o la acción. Significa crear en el presente conciencia de unos valores y principios que interesan a todos.
No obstante, a los amantes de las cifras o las disposiciones legislativas les podemos ofrecer unos datos elocuentes. Hoy día, en las uni- versidades catalanas existen más de 300 catedráticos laborales y muchos más agregados. La Ley Iztueta (aprobada en el Parlamento de Gasteiz) contempla figuras laborales permanentes equiparadas a las de los profesores funcionarios. En fin, en el borrador del proyecto de reforma de la LOU el Gobierno socialista ha introducido la plena capacidad de las comunidades autónomas para legislar sobre el profesorado contratado permanente, sin una norma estatal de referencia.
Nos sentimos orgullosos de esos cambios que han trastocado fuertemente el sistema de relaciones laborales universitarias. Y aunque no lo podamos demostrar, estamos convencidos de que algo de nuestra lucha ha podido influir en dichas modificaciones. Igual que estamos seguros de que en un futuro no lejano en las universidades públicas de Euskal Herria existirá un profesorado contratado laboral equiparado en igualdad de condiciones labo- rales y políticas al funcionario. Y en esas estamos 14 años después de nuestro despido. -
