Es de agradecer la claridad con la que se manifiestan el Partido Popular y sus dirigentes cuando reclaman que no se paguen precios pol�ticos por parte de Espa�a en el proceso pol�tico que va a tener lugar a partir del momento presente. Tal exigencia permite situar la cuesti�n en las coordenadas adecuadas; esto es, las pol�ticas. El presente conflicto es de car�cter pol�tico y afecta, en primer lugar, a las relaciones entre dos colectividades ­Espa�a y Euskal Herria­, una de las cuales, Espa�a, se empe�a en imponer su propia estructura estatal a la otra, Euskal Herria, Navarra. Es igualmente un problema pol�tico el enfrentamiento, de mayor o menor intensidad, entre individuos y organizaciones de ambas colectividades, que puede adquirir el aspecto de guerra abierta. De tal �ndole es la lucha mantenida por ETA con las fuerzas armadas y de seguridad del Estado espa�ol. Este aspecto del conflicto tiene que ser explicado �nicamente en funci�n de lo primero.

Un conocido humorista espa�ol ha expresado en una vi�eta que el alto al fuego proclamado por ETA representaba el final de la �ltima de las guerras carlis- tas. No hay inconveniente en aceptarlo, siempre que consideremos las guerras carlistas la continuaci�n de las luchas sostenidas por los vascos para conseguir la libertad frente a Espa�a a lo largo de su existencia hist�rica. Ser� necesario ser consciente de todo en el nuevo escenario que acaba de abrirse y en el que se pretende resolver el conflicto mediante la negociaci�n.

Muchas organizaciones pol�ticas espa�olas y sociales en general pretenden reducir el conflicto que nos ocupa a un desajuste interno de la propia Espa�a. Los vascos no aceptan su incuestionable identidad espa�ola y ETA recurre a la violencia criminal que se ceba sobre indefensos ciudadanos y quienes se resisten de manera ecu�nime a sus exigencias. Puede admirar una visi�n de tanta simpleza, pero es el esquema c�modo que, interiorizado, permite a la sociedad espa�ola y al conjunto de sus dirigentes pol�ticos e intelectuales determinar el marco de tratamiento de la cuesti�n; rechazo de la autodetermina- ci�n y c�rcel para los criminales; firmeza de las instituciones democr�ticas y la aplicaci�n imparcial de la justicia. Se alude ahora a las v�ctimas con la finalidad de resaltar el desprop�sito de la acci�n armada de ETA. Este aspecto del conflicto se presenta de una manera perversa. Se busca imponer una perspectiva muy parcial del sufrimiento que ha golpeado a todos. La violencia suele acompa�ar normalmente a todo conflicto de cierta intensidad. En nuestro caso es una realidad permanente que se ha manifestado con particular dureza desde que Franco enderez� el tim�n de Espa�a y sus sucesores asumieron como correcta la direcci�n que aqu�l imprimi� al Estado espa�ol. Aquella dictadura se vio sembrada de asesinatos, encarcelamientos, torturas y represi�n que han continuado, en alguna medida larvada, hasta el presente. Es imperioso que el sistema pol�tico espa�ol vigente reconozca esta violencia en un ejercicio de honestidad y no intente prevalerse de su fuerza para seguir negando lo que es una evidencia. En ning�n caso es admisible que se pretenda hacer recaer la responsabilidad del conflicto y sus secuelas sobre los presos pol�ticos. Espa�a quiere convertirlos en bandera que permita reafirmar a la sociedad espa�ola su percepci�n de que ha sido v�ctima de una crueldad abyecta, derivada de la ideolog�a nacionalista vasca. Adem�s Espa�a pretende justificar hacia el exterior la resistencia que va a ofrecer a una soluci�n adecuada, al haber sido atacado el Estado de derecho por una banda terrorista. En una palabra, se trata de obviar la cuesti�n de fondo del contencioso entre Navarra ­Euskal Herria­ y Espa�a, la capacidad de una Naci�n para decidir en libertad.

Si he de ser sincero, no abrigo ninguna esperanza de que Espa�a acepte de entrada tales planteamientos y el previsible final de ETA no modifica en absoluto las condiciones del enfrentamiento entre Espa�a y Euskal Herria. Simplemente ha desaparecido un elemento distorsionador de la lucha pol�tica. El objetivo de las fuerzas pol�ticas, instituciones y sociedad civil espa�olas es impedir el proceso de recuperaci�n de la soberan�a arrebatada a Navarra. El Partido Popular representa, en este sentido, la opci�n intransigente, en tanto el PSOE parece dispuesto en mayor medida a la maniobra negociadora que le permite ofrecer de s� mismo una imagen de flexibilidad, aunque mantenga la misma intransigencia de fondo. Ser�a ingenuo esperar cambios notables a corto plazo. M�s bien tendr�n lugar actuaciones hostiles, dirigidas a hacer comprender que Espa�a es la m�s fuerte y se considera vencedora, en la medida en que el alto al fuego ha sido resultado de su firmeza y no de una exigencia de la sociedad vasca por modificar los modos de lucha, como pretenden hacer creer los partidos espa�oles. Las actuaciones hostiles tambi�n pretenden el desconcierto de las fuerzas soberanistas, ansiosas de ver soluciones o, cuando menos, gestos de distensi�n que las instituciones espa�olas van a suministrar con cuentagotas con el fin de propiciar el desacuerdo entre las primeras.

Deber� advertirse que ninguna instancia de la legalidad espa�ola, ni legislativa, ni judicial, ni ejecutiva, puede reclamar el dere- cho de fijar normas a las que deba atenerse el proceso en adelante, ni situarse al margen y por encima de las negociaciones, porque todas ellas ­juntas o separadas­ son parte del conflicto y �nicamente pueden intervenir en la negociaci�n en tanto que parte del mismo. No es de recibo la pretensi�n de que se act�a desde el Estado de derecho, porque esta pretensi�n es, precisamente, lo que se cuestiona desde el Soberanismo navarro. Es posible que est� en vigor un Estado de derecho espa�ol, pero las fuerzas soberanistas navarras lo cuestionan. Hay un Estado de hecho ­Espa�a­, pero el soberanismo navarro reclama, por su parte, la reconstituci�n del Estado de derecho navarro �Qui�n tiene que pagar el precio? Es justo que lo haga quien ha violentado la libertad de su oponente. Que la responsabilidad es de Espa�a no lo va a aceptar ning�n espa�ol; de ah� el inter�s en presentar las actua- ciones de ETA como una muestra de la crueldad intr�nseca del soberanismo navarro, vasco. Una vez m�s es necesario insistir en que tal crueldad, por desgracia, acompa�a a toda violencia; que el pueblo vasco la ha sufrido y sufre en mayor medida y que cualquier espa�ol que asume la vigente Constituci�n espa�ola est� amenazando, consciente o inconscientemente, a todos y cada uno de los soberanistas navarros con aplic�rsela, gracias al conocido art�culo 8�, por el simple hecho de ejercer un derecho imprescriptible del individuo y de la colectividad, como es la libertad de decidir. -