Es de agradecer la claridad con la que se manifiestan el Partido Popular y sus dirigentes cuando reclaman que no se paguen precios políticos por parte de España en el proceso político que va a tener lugar a partir del momento presente. Tal exigencia permite situar la cuestión en las coordenadas adecuadas; esto es, las políticas. El presente conflicto es de carácter político y afecta, en primer lugar, a las relaciones entre dos colectividades ­España y Euskal Herria­, una de las cuales, España, se empeña en imponer su propia estructura estatal a la otra, Euskal Herria, Navarra. Es igualmente un problema político el enfrentamiento, de mayor o menor intensidad, entre individuos y organizaciones de ambas colectividades, que puede adquirir el aspecto de guerra abierta. De tal índole es la lucha mantenida por ETA con las fuerzas armadas y de seguridad del Estado español. Este aspecto del conflicto tiene que ser explicado únicamente en función de lo primero.

Un conocido humorista español ha expresado en una viñeta que el alto al fuego proclamado por ETA representaba el final de la última de las guerras carlis- tas. No hay inconveniente en aceptarlo, siempre que consideremos las guerras carlistas la continuación de las luchas sostenidas por los vascos para conseguir la libertad frente a España a lo largo de su existencia histórica. Será necesario ser consciente de todo en el nuevo escenario que acaba de abrirse y en el que se pretende resolver el conflicto mediante la negociación.

Muchas organizaciones políticas españolas y sociales en general pretenden reducir el conflicto que nos ocupa a un desajuste interno de la propia España. Los vascos no aceptan su incuestionable identidad española y ETA recurre a la violencia criminal que se ceba sobre indefensos ciudadanos y quienes se resisten de manera ecuánime a sus exigencias. Puede admirar una visión de tanta simpleza, pero es el esquema cómodo que, interiorizado, permite a la sociedad española y al conjunto de sus dirigentes políticos e intelectuales determinar el marco de tratamiento de la cuestión; rechazo de la autodetermina- ción y cárcel para los criminales; firmeza de las instituciones democráticas y la aplicación imparcial de la justicia. Se alude ahora a las víctimas con la finalidad de resaltar el despropósito de la acción armada de ETA. Este aspecto del conflicto se presenta de una manera perversa. Se busca imponer una perspectiva muy parcial del sufrimiento que ha golpeado a todos. La violencia suele acompañar normalmente a todo conflicto de cierta intensidad. En nuestro caso es una realidad permanente que se ha manifestado con particular dureza desde que Franco enderezó el timón de España y sus sucesores asumieron como correcta la dirección que aquél imprimió al Estado español. Aquella dictadura se vio sembrada de asesinatos, encarcelamientos, torturas y represión que han continuado, en alguna medida larvada, hasta el presente. Es imperioso que el sistema político español vigente reconozca esta violencia en un ejercicio de honestidad y no intente prevalerse de su fuerza para seguir negando lo que es una evidencia. En ningún caso es admisible que se pretenda hacer recaer la responsabilidad del conflicto y sus secuelas sobre los presos políticos. España quiere convertirlos en bandera que permita reafirmar a la sociedad española su percepción de que ha sido víctima de una crueldad abyecta, derivada de la ideología nacionalista vasca. Además España pretende justificar hacia el exterior la resistencia que va a ofrecer a una solución adecuada, al haber sido atacado el Estado de derecho por una banda terrorista. En una palabra, se trata de obviar la cuestión de fondo del contencioso entre Navarra ­Euskal Herria­ y España, la capacidad de una Nación para decidir en libertad.

Si he de ser sincero, no abrigo ninguna esperanza de que España acepte de entrada tales planteamientos y el previsible final de ETA no modifica en absoluto las condiciones del enfrentamiento entre España y Euskal Herria. Simplemente ha desaparecido un elemento distorsionador de la lucha política. El objetivo de las fuerzas políticas, instituciones y sociedad civil españolas es impedir el proceso de recuperación de la soberanía arrebatada a Navarra. El Partido Popular representa, en este sentido, la opción intransigente, en tanto el PSOE parece dispuesto en mayor medida a la maniobra negociadora que le permite ofrecer de sí mismo una imagen de flexibilidad, aunque mantenga la misma intransigencia de fondo. Sería ingenuo esperar cambios notables a corto plazo. Más bien tendrán lugar actuaciones hostiles, dirigidas a hacer comprender que España es la más fuerte y se considera vencedora, en la medida en que el alto al fuego ha sido resultado de su firmeza y no de una exigencia de la sociedad vasca por modificar los modos de lucha, como pretenden hacer creer los partidos españoles. Las actuaciones hostiles también pretenden el desconcierto de las fuerzas soberanistas, ansiosas de ver soluciones o, cuando menos, gestos de distensión que las instituciones españolas van a suministrar con cuentagotas con el fin de propiciar el desacuerdo entre las primeras.

Deberá advertirse que ninguna instancia de la legalidad española, ni legislativa, ni judicial, ni ejecutiva, puede reclamar el dere- cho de fijar normas a las que deba atenerse el proceso en adelante, ni situarse al margen y por encima de las negociaciones, porque todas ellas ­juntas o separadas­ son parte del conflicto y únicamente pueden intervenir en la negociación en tanto que parte del mismo. No es de recibo la pretensión de que se actúa desde el Estado de derecho, porque esta pretensión es, precisamente, lo que se cuestiona desde el Soberanismo navarro. Es posible que esté en vigor un Estado de derecho español, pero las fuerzas soberanistas navarras lo cuestionan. Hay un Estado de hecho ­España­, pero el soberanismo navarro reclama, por su parte, la reconstitución del Estado de derecho navarro ¿Quién tiene que pagar el precio? Es justo que lo haga quien ha violentado la libertad de su oponente. Que la responsabilidad es de España no lo va a aceptar ningún español; de ahí el interés en presentar las actua- ciones de ETA como una muestra de la crueldad intrínseca del soberanismo navarro, vasco. Una vez más es necesario insistir en que tal crueldad, por desgracia, acompaña a toda violencia; que el pueblo vasco la ha sufrido y sufre en mayor medida y que cualquier español que asume la vigente Constitución española está amenazando, consciente o inconscientemente, a todos y cada uno de los soberanistas navarros con aplicársela, gracias al conocido artículo 8º, por el simple hecho de ejercer un derecho imprescriptible del individuo y de la colectividad, como es la libertad de decidir. -