Salhaketa cree que una nueva cárcel traerá condiciones «ilegales» de encarcelamiento
GASTEIZ
En nombre de Salhaketa, César Manzanos valoró el anunció de la construcción de una nueva prisión en Langraiz. Calificó de «escalofriante» que «sólo» se reconozcan las «terroríficas» condiciones de encarcelamiento que padecen las personas presas en dicho centro penitenciario, «cuando interesa vendernos la construcción de más cárceles». Tras recordar que más del 70% de las personas recluidas en Langraiz precisan de un tratamiento médico especializado o de una hospitalización, destacó que en una nueva cárcel se van a reproducir «exactamente igual las paupérrimas e ilegales» condiciones de encarcelamiento, y que «se traduce en muertes por motivos no naturales y en situación de desesperación». Esto, en opinión de Manzanos, lleva a muchas personas afectadas «a quitarse la vida, en unos casos, y a intentarlo, en otros». Subrayó el riesgo de que, finalmente, el municipio de Iruña-Oka se encuentre con dos centros penitenciarios, «a no ser que exista un plan previo» de construcción de viviendas en la zona donde actualmente está ubicada la prisión y que, al igual que ocurre en el caso de Martutene, «se prevea el cierre de la cárcel y la amortización de los terrenos».
Sistema «perverso»
Así las cosas, el coordinador de Salhaketa en Araba aseguró que lo que la sociedad necesita es una justicia «restaurativa y conciliadora» y no un sistema «vengativo y perverso, como el actual». Reiteró, en este sentido, la necesidad de que haya «menos personas presas y más programas sociales y sanitarios», así como alternativas a a centros que, a su entender, «no son sino vertederos de personas abandonadas, secuestradas institucionalmente y sometidas a condiciones de vida, que las deterioran y destruyen física y mentalmente». Según Manzanos, la escalada de muertes en prisión y deterioro del estado de salud de las personas presas son «crónicas de muertes y enfermedades anunciadas», y la responsabilidad sobre las mismas «las tienen los agentes políticos e institucionales que han apostado por la penalización». Es decir, a los que, a su juicio, apuestan por la construcción de más cárceles, por el incremento de las penas, por el establecimiento de limitaciones para el acceso a beneficios penitenciarios y, «en definitiva, quienes han apostado por el recurso a una política criminal y por el recorte de las políticas sociales», manifestó.
«Rotundo rechazo»
En esta misma línea, anunció el «rotundo rechazo» de la asociación de apoyo a presos a este proyecto en Langraiz y en Zubieta, en particular, y al plan de construcción de nuevas cárceles, en general. Recordó que el anuncio de construir una nueva cárcel en el municipio alavés responde a una decisión «ya anunciada y aprobada» en el Consejo de Ministros español, que preveía la ubicación de dos nuevos centros penitenciarios en Araba y Gipuzkoa, una anunciada públicamente en Zubieta y ahora otra en Langraiz. Manzanos mostró, asimismo, su «compromiso activo» para que este tipo de infraestructuras no se lleven a cabo. Animó a todos los agentes sociales y a los vecinos de los municipios afectados por este plan de macro-cárceles, «a que se sumen a esta oposición activa en el convencimiento de que el actual sistema penal no es eficaz». La razón para impulsar este rechazo, tal y como recalcó el coordinador de Salhaketa en Araba, responde a que «únicamente sirve a intereses ajenos a la necesidad de prevención y lucha contra el delito».
Interpelación parlamentaria sobre la cárcel de Iruñea
IRUÑEA La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa acordó ayer admitir a trámite, pero recalificándola como pregunta, una interpelación presentada por el grupo de Aralar sobre la futura cárcel de Iruñea. En concreto, Aralar desea que el consejero de Interior, Javier Caballero, informe sobre las actuaciones y el estado de las negociaciones entre el Gobierno de Nafarroa y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias acerca del proyecto de nueva prisión para el herrialde. La ubicación elegida es en la llamada colina de Santa Lucía, entre Iruñea y Berriozar, también conocido como Mogote de Soltxate. Sin embargo, tanto en Berriozar como en el barrio iruindarra de Sanduzelai existe un fuerte rechazo a esta ubicación por parte de asociaciones de vecinos y colectivos populares. El principal argumento de esta oposición vecinal es que en las Normas Urbanísticas de la Comarca de Iruñea este espacio está catalogado como Reserva Paisajística, Patrimonio Arqueológico y Zona Forestal. En lo que se refiere a la vieja cárcel de Iruñea, persiste la polémica entre el Gobierno y el Ayuntamiento sobre la propiedad de los terrenos y el futuro que se debe dar al futuro solar. En la construcción de la cárcel (1901-1907), el gasto fue compartido entre la Diputación (40%), el Ayuntamiento de Iruñea (40%) y los municipios del partido judicial (20%). Sin embargo, el Ayuntamiento de Iruñea aparece como propietario del terreno.
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