DONOSTIA
El abogado de Paco Larrañaga, el joven de origen vasco condenado a pena de muerte en Filipinas, admitió ayer que desconoce si su cliente es uno de los 1.000 beneficiarios de la decisión de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua a los condenados del país.
Arroyo afirmó que la decisión se debe a «un cambio de política» sobre aquellos a los que se les ha impuesto la pena de muerte. Cuando llegó al poder en 2001, la presidenta impuso una moratoria a la pena de muerte que detuvo las ejecuciones, pero las suspendió en 2003.
El abogado de Larrañaga matizó que en el caso de llevarse a cabo la conmutación, la medida sería «insuficiente» porque«entendemos que Paco no es responsable de los crímenes de los que se le acusa, por lo que tenemos que seguir peleando».
Margarita González, madre del condenado, declaró que la noticia de que le conmutasen la pena de muerte a su hijo «sería un consuelo», porque si hubiera un cambio de gobierno el nuevo presidente podría mostrarse a favor de la pena de muerte y de ejecutar a Larrañaga.
No obstante, explicó que la familia quiere que recupere «su libertad», porque no sería justo que el joven «pasara su vida entera en prisión si no ha hecho nada».
Paco Larrañaga, de 29 años de edad, fue condenado en 1988 a nueve años de prisión acusado de dos asesinatos que asegura no haber cometido. En 2004 el Tribunal Supremo filipino ratificó su condena de pena de muerte.
