MADRID
En el juicio que se siguió ayer en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional española contra una vecina de Zumarraga acusada de enviar «tres cartas amenazantes», los dos concejales del PSE receptores de las misivas afirmaron que no les crearon ninguna preocupación porque no las relacionaron con ETA sino con «una broma de un grupo de gente joven». Manifestaron, además, que no se sintieron «amenazados». Pese a ello, el fiscal Ignacio Gordillo mantuvo su petición y pidió al tribunal que presidió Alfonso Guevara una condena de cinco años y tres meses de cárcel por tres delitos de «amenazas terroristas».
El edil del PSE en Urretxu Félix Toral declaró que «podría haber sido una broma. No me sentí amenazado porque no creía que fuera de verdad». Añadió que no recordaba el contenido de la carta. En este mismo sentido se pronunció el concejal de Zumarraga Ricardo Lozano, que la atribuyó a «un grupo de jóvenes que andan por ahí sueltos, pero nada más».
Por su parte, la vecina de Zumarraga negó las acusaciones y subrayó que ni siquiera conocía el contenido de tales misivas.
Una colilla, como prueba
Mientras, el instructor de las diligencias policiales dijo que se decidió abrir una investigación después de localizar el rastro de una mujer en los sellos. Según su relato, un agente que siguió a la acusada supuestamente recogió una coli- lla de un cigarrillo rubio lanzada por la ventanilla del vehículo en un paso de peatones y fue remitida a la Unidad Científica de la Ertzaintza. Un miembro de este cuerpo policial señaló que los datos genéticos fueron cotejados con el perfil genético de los sellos.Este aspecto fue desmentido por la acusada, que incidió en que su ADN no se correspondía con el de los sellos de las cartas y aseguró ante el tribunal fumar tabaco negro.
La defensa pidió la absolución porque, según destacó, no se puede determinar la credibilidad de las pruebas de ADN, porque las cartas no son amenazantes y porque para que haya delito el mal de la amenaza debe depender del sujeto que intimida y los ediles no se sintieron amenazados.
