Deficiente plan de emergencia en el 7-J londinense
·Un informe oficial denuncia los problemas de comunicación y la escasez de equipos de primeros auxilios
LONDRES
Un informe oficial ha constadado que las graves deficiencias de los servicios de emergencia complicaron las tareas de rescate en los atentados del pasado 7 de julio (7-J) contra la red de transportes de Londres. El informe, elaborado por una comisión multipartita de la Asamblea londinense, denuncia serios problemas de comunicación y una falta de material médico para asistir a las víctimas. Según la comisión multipartita, el Metro «carece de un sistema de comunicación (por radio) para los servicios de emergencia», un «punto débil» que dificultó la tareas de recate. Asimismo, efectivos del Servicio de Ambulancias de Londres tuvieron enormes problemas de comunicación porque los teléfonos móviles no funcionaron adecuadamente debido a «la cogestión de la red», un hecho «predecible». El problema se agravó como consecuencia del cierre temporal de la red de telefonía móvil ordenado por la Policía de la City, centro financiero de Londres, decisión que se adoptó sin coordinación con los responsables de la labor de rescate. Tan pobre fue en ocasiones la comunicación, que los servicios de emergencia no tuvieron más remedio que enviar sus mensajes a través de «recaderos» que corrían de un punto a otro.
«Siglo XXI y en Londres»
«Es inaceptable que, en el siglo XXI y en una de las ciudades más sofisticadas y adelantadas tecnológicamente del mundo, los servicios de emergencia tengan que depender de recaderos», denunció el presidente de la investigación, Richard Barnes. El documento también critica la falta de equipos médicos de primeros auxilios en los puntos en los que estallaron las bombas. «Hubo una escasez de material básico, como camillas y tarjetas de clasificación de víctimas, y de suministros esenciales como los líquidos».Supervivientes de la matanza, que dejó un saldo de 56 víctimas mortales, valoraron positivamente el informe pero recordaron su «limitado alcance» y exigieron una investigación pública por parte del Gobierno británico. El Ejecutivo de Blair rechaza la petición aduciendo que detraería fondos destinados a la llamada «lucha antiterrorista».
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