BILBO

Todavía no se ha presentado el desarrollo de esta actuación, pero CCOO, UGT y la patronal están de acuerdo en las bases para la reforma de la negociación colectiva. Esa pretensión no es nueva, ya que tanto las dos centrales sindicales como los empresarios tratan de limitar la negociación descentralizada, dado que los convenios que se firman en Hego Euskal Herria contemplan incrementos salariales superiores y mayores rebajas de la jornada laboral que los que se suscriben en el ámbito estatal.

En la actualidad, CCOO, UGT y CEOE firman acuerdos generales, previos a la negociación colectiva, que suponen, de antemano, una reducción en las reclamaciones económicas, laborales y de jornada, pero que no se llevan a la práctica de forma generalizada en las empresas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. En el ámbito vasco, el acuerdo español no cuenta, en general, con un respaldo mayoritario.

Con el nuevo paso que se dará en Madrid, esos acuerdos a dos bandas, entre CCOOy UGT y la patronal CEOE, adquirirán un rango diferente, ya que vincularán al conjunto de empresas y trabajadores. Los empresarios han mostrado ya en distintas ocasiones su intención de eliminar la retroactividad de los convenios, con lo que al término de su vigencia se tendría que renegociar el contenido completo del mismo. De esta forma, muchas conquistas sociales y laborales de los trabajadores estarían en la cuerda floja. Llevar al ámbito estatal los acuerdos de negociación colectiva supondrá también una homogeneización salarial a la baja para los trabajadores.

El acuerdo adicional que ha cerrado el Gobierno español supone la creación de un observatorio sobre la evolución de los convenios en todos sus apartados, a partir del cual se extraerán los datos sobre el desarrollo de los mismos, que tendrá en cuenta la duración y renovación de los contenidos de los mismos y la evolución de los salarios, según ha trascendido a través del Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para llevar adelante ese control, se reformará y mejorará la comisión estatal de convenios, que tiene carácter consultivo y, en estos momentos, es un órgano decorativo. Sin embargo, para el futuro próximo se le quiere dotar de medios y equipos para la elaboración para el control de las directrices que adoptan los convenios.

En el fondo, se trata de «buscar las fórmulas más convenientes para propiciar la adaptación de la negociación colec- tiva a las necesidades de las empresas y sectores para mejorar la productividad», tal y como señala el acuerdo sobre diálogo social que firmaron hace casi un año los mismos protagonistas.

«La reforma de las pensiones entrará en vigor en enero 2007»
La reforma del sistema de las pensiones entrará en vigor en enero de 2007, si todos los trámites legislativos siguen su curso, según explicó el secretario de Acción Sindical de UGT, Antonio Ferrer. Confió en que «a finales de año» el texto definitivo de la reforma está ya concretado y aprobado.

En la reunión del Consejo Confederal de UGT se dio «el visto bueno» al acuerdo, porque es «un avance social», dijo Ferrer. -

LAB critica a Lakua por subvencionar las EPSVprivadas

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El CES Vasco votó ayer a favor del dictamen del proyecto de decreto por el que se regula la concesión de ayudas económicas para la implantación de determinados sistemas de previsión social comple- mentaria, sustitutos de pensiones pública, instrumentados a través de las EPSV. LAB votó en contra del dictamen, porque «supone subvencionar con dinero público los sistemas privados de previsión social voluntaria».

La enmienda a la totalidad se basa en que, a juicio de LAB, la Comisión de Desarrollo Social, que elaboró el dictamen del CES, «elude considerar el fondo de la cuestión, es decir la concesión de ayudas publicas a la implantación de sistemas de previsión social privados y de capitalización».

Rafa Izquierdo, responsable de LAB en el CES, presentó un texto alternativo en el que se constata que el plan parte «de un diagnóstico interesado y dirigido a provocar alarma social respecto a las supuestas debilidades de los sistemas públicos de protección social». Para Izquierdo, «esa reflexión es de marcado signo neoliberal» y «persigue la generalización del segundo pilar de la protección social, dentro de una estrategia encaminada a mitigar el nivel de respuesta social frente a futuros recortes en el sistema público de pensiones».

En la iniciativa, LABrecuerda que ya se produce una incentivación a cargo de los presupuestos con los gastos fiscales, que alcanza los 388,8 millones en 2006, y que las haciendas forales no recaudarán, al apoyar esos planes de pensiones y EPSV.