Francisco Javier Meabe - Director del Secretariado Social Diocesano Justicia y Paz
¿Se quiere un proceso democrático?
No es una pregunta inútil, ni un juicio de intenciones. Estamos inmersos en una vorágine de promesas, ofertas y expectativas calculadas sobre el proceso de paz que estamos viviendo. Cada aparición pública con su oferta de pacificación intenta superar a la anterior en verosimilitud, sin que provoque por ello mayor entusiasmo en la gente. Al final, todo termina allí donde cada uno estaba al comienzo: «todo es posible dentro de la legalidadŠ»; «no estamos con esta legalidad impuestaŠ»; «dialogar es claudicar ante el terrorismoŠ». Lo que para unos es punto de encuentro, para otros es imposición inaceptable. Y todo ello, con alguna excepción, dentro de una permanente y grosera descalificación mutua.
Tenemos que pasar del envoltorio vacío de las palabras al núcleo del contenido de las respuestas. De la estética del lenguaje al fondo del problema, sin perder de vista que la verdad política debiera ser siempre una verdad compartida y fruto de un proceso democrático, aunque no siempre se formule de la misma forma.
Por ello hemos de preguntarnos con honestidad, ¿cuáles son las reglas mínimas de ese proceso democrático y el contenido que se debe abordar? ¿Cuáles son los pasos a dar para una convivencia estable? Antes de ahora nos hemos referido a ellas, siempre con la intención de aportar elementos de aproximación a una solución razonable.
He aquí alguno de ellos:
1. Aunque todos los procesos son diferentes por el lugar, el tiempo y las circunstancias en las que se desarrollan, todos ellos están relacionados con el diálogo, la flexibilidad de los posicionamientos y la sinceridad de las propuestas. Es el momento de poner en práctica las excelencias del diálogo y de la voluntad de consenso. Si admitimos que la paz es un bien superior, tan rechazable es poner condiciones y tutelas inaceptables, como manejar «el tempo» del proceso con un mero cálculo partidista y electoral. Un ambiente de diálogo sincero, diálogo entendido como implicación en algo común, aunque defendido desde la propia posición, debe ir en estos casos impregnando cada vez más las relaciones político-sociales. Y éstas exigen, a su vez, realizaciones concretas y avances perceptibles.
2. En cuanto al contenido del proceso, lo primero que se impone es la definición misma del problema que queremos abordar con las características antes apuntadas. En concreto, la consolidación o la remodelación del actual marco jurídico-político, la territo- rialidad, la garantía del ejercicio de libre decisión, etc... han de ser principios políticos exigibles y defendibles para todos aquellos que así lo sienten y desean desarrollarlos. Principios que subyacen y se expresan de forma reiterada en amplios sectores del País Vasco y están pidiendo una nueva reformulación.
3. En esta misma línea, no conduce a ningún sitio la permanente referencia a la Constitución y al Estado de Derecho, hecha con solemnes apelaciones retóricas. No minusvaloramos su importancia, pero tampoco sacralizamos ningún texto constitucional ni que se apele a él para evitar un punto de encuentro para la convivencia, que es todavía, un bien superior. Todo ciudadano demócrata sabe lo importante que es un texto constitucional, pero sabe que es más importante todavía la capacidad de convivencia y de diálogo, el acuerdo en la diferencia y en el juego democrático libremente ejercido. Es de esta voluntad de convivencia, verdadera voluntad popular, de donde debe proceder la ley.
Además, la Constitución es vista por muchos vascos como un elemento extraño a su voluntad de los mismos, a los que, en contra de su voluntad, se les impone por la fuerza. Por ello, para muchos de estos ciudadanos el texto constitucional no es soporte legitimador para la convi- vencia democrática.
Por el contrario, el Estado ve en la Constitución un referente democrático común para todo el territorio del Estado, idea compartida por otros ciudadanos vascos. Desde esta perspectiva, el problema de la pluralidad nacional de Euskal Herria tiene en sí mismo una gran complejidad: se trata de la coexistencia de las diversas adhesiones nacionales, dentro del mismo ámbito territorial. Adecuar el marco jurídico-político a esta complejidad respetando la justicia es el quehacer de aquellos a los que les hemos dado nuestra confianza. Todo ello es algo que deberá ir debatiéndose, concretándose y consensuando de la mejor forma posible.
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Muchos de nosotros, sobre todo los jóvenes, sólo han vivido la experiencia de la presión del enfrentamiento armado, con todas sus secuelas: víctimas, presos, amenazas, atentadosŠ Quizás ésta haya sido para ellos la única forma de describir y vivir la realidad vasca. Y las inercias siempre son difíciles de vencer. Por eso es tan importante que el alto el fuego permanente de ETA se prolongue lo más posible y se consolide de forma definitiva. Son muchas las personas en nuestro pueblo que desean experimentar que hay otra forma de vivir y relacionarse. Que también puede vivirse sin violencia. Que la amistad, el amor, el ocio, la cultura, el deporte y el trabajo pueden adquirir nuevas dimensiones en nuestros pueblos y, por supuesto, que adviertan que hay otras formas de luchar por lo que uno cree. El afán de protagonismo está fuera de lugar. Un alto el fuego, una tregua, y el silencio de las armas es siempre una victoria. Una victoria, aunque parcial, de la sensatez y la civilización sobre la más cruda barbarie. De ella se puede pasar, si hay voluntad, a la paz civil. Sin ella, no. -
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